Querétaro fue uno de los primeros estados en tener una ley de personas desaparecidas, pero, en 2015, se reformó la Constitución y, en 2017, se expidió una ley general. Por ello, en cada estado, debería existir una ley que reconozca los derechos de las personas desaparecidas, favorezca la participación de sus familias y otros grupos interesados en su búsqueda y localización, instituya órganos ciudadanos y destine recursos para programas de asistencia.
Sin embargo, en Querétaro, se carece de esta ley actualizada y, por lo tanto, del derecho a la existencia de autoridades e instituciones en materia de desaparición forzada que garanticen una búsqueda adecuada y brinden un apoyo auténtico para las familias afectadas.
La Clínica Legal del Tecnológico de Monterrey realizó una investigación que advirtió la falta de coordinación entre autoridades, una incompleta operación del Sistema Nacional de Búsqueda, la omisión de garantizar los derechos a la asistencia, protección, reparación integral y no repetición a favor de las personas desaparecidas y la falta de supervisión efectiva de las autoridades estatales.
No hay excusa para que el Congreso queretano incumpla, desde hace más de 9 años, con esta obligación constitucional, aunque posiblemente se alegue que resulta inconveniente desde una perspectiva mediática porque implica una realidad que sería preferible negar como si, en Querétaro, no hubiera personas desaparecidas ni tampoco familiares que no paran de buscarlas.
Sin embargo, continuaremos buscando vías que permitan un acercamiento con el Congreso del Estado y la Secretaría de Gobierno a fin de sumar esfuerzos en alcanzar un objetivo que nos beneficia a todas y todos: generar la mejor ley estatal en materia de personas desaparecidas de todo México.
*Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.