La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue clara: su movimiento no repetiría el viejo “quítate tú para ponerme yo”. Sin embargo, la realidad de su sexenio terminó siendo la aplicación más literal de esa frase. A diferencia de transiciones anteriores, su administración emprendió una demolición indiscriminada de estructuras, procesos y equipos. Bajo el pretexto de erradicar la corrupción endémica, sustituyó experiencia por lealtad y saber técnico por afinidad política. El saldo fue el reemplazo de una élite por otra: más burda, más voraz y, sobre todo, más avara. El resultado no fue un Estado renovado, sino una burocracia disfuncional atrapada en el caos institucional.
El último dique frente a este tsunami fue el Poder Judicial. Durante años, jueces y magistrados resistieron desde su autonomía, pero el llamado “Plan C” fracturó esa defensa. Hoy se despide personal experimentado y se desmantela una carrera judicial construida sobre mérito, estudio y trayectoria. En su lugar, se impone un modelo de jueces electos por voto popular, casi todos carentes de la pericia y del lenguaje técnico indispensables para impartir justicia. Las audiencias lo revelan con crudeza: la inseguridad procesal y el desconocimiento jurídico se han vuelto la nueva norma. No estamos ante el surgimiento de una justicia más cercana al pueblo, sino frente a la implantación de una justicia en manos de improvisados y cargada de revanchismos.
La renovación de las élites es inevitable en toda sociedad, pero el método define el destino. Cuando se opta por la sustitución abrupta en lugar de la evolución institucional, la anarquía es la consecuencia natural. Este proceso autoritario no ocurrió en el vacío: fue legitimado en las urnas. La ciudadanía, aunque fuese una minoría, por acción u omisión permitió este desmantelamiento institucional. Sin embargo, también posee la llave para revertirlo. Muy pronto tendrá la oportunidad de enviar un mensaje contundente al poder: haz un alto y corrige el rumbo, o prepárate para perder mi voto en 2027.