Diálogos con la Justicia: Vicente Peña

Vicente de Jesús Peña Covarrubias

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada por el Ejecutivo Federal elimina la posibilidad de defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad.

Actualmente se contempla que podrá hacerlo quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando la norma, acto u omisión reclamados violan derechos humanos, con afectación real en su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; logro obtenido en décadas de construcción jurisprudencial de verdaderos juristas.

Ahora, se plantea considerar que, tratándose del amparo, la norma acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la parte quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, para que en caso de otorgar el amparo, produzca un beneficio cierto, directo y no eventual.

De aprobarse, la legitimación para acceder al juicio de amparo quedaría reducida a niveles semejantes de los viejos tiempos, tan criticado por el actual gobierno, con lo que se comprueba que lo más importante es robustecer la posición de las autoridades en perjuicio colectivo de los ciudadanos y de sus derechos humanos.