Diálogos con la Justicia: Vicente Peña

Juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias

La cobertura mediática sobre la reforma a la Ley de Amparo refleja una preocupante normalización de la inconstitucionalidad. Se plantea la retroactividad como si fuera una cuestión de conveniencia política, cuando el artículo 14 constitucional prohíbe expresamente aplicar una ley nueva en perjuicio de persona alguna por actos consumados. Desde la perspectiva jurisdiccional, resulta inquietante que el debate gire en torno a la voluntad del legislador, como si ésta pudiera sobreponerse a los límites del texto constitucional.

En México existen más de 180 mil juicios de amparo en trámite; pretender que la reforma los alcance implicaría alterar derechos procesales ya ejercidos y socavar la seguridad jurídica. Las notas que presentan el tema como un cálculo de eficacia institucional confunden al ciudadano y debilitan la confianza en la justicia constitucional. Si la retroactividad se tolera por razones políticas, el amparo —ese último refugio del ciudadano frente al poder— dejará de ser una garantía, para convertirse en un espejismo jurídico. El debate genera la duda respecto a si la modificación a la iniciativa es tan solo una cortina de humo de algo más profundo.