El pasado 14 de octubre se aprobaron las reformas a la Ley de Amparo impulsadas por el régimen, con lo que se ve mermado el mecanismo más efectivo de los ciudadanos para detener abusos de autoridad.
Los cambios más importantes se dirigen a acotar el acceso y la efectividad del juicio de amparo. Con la nueva definición del interés legítimo, se diluye su esencia, que era ampliar el acceso a la justicia de grupos vulnerables.
También se debilitó a la suspensión, lo que provocará que en ciertos casos, el amparo sea un mero espejismo: si no se concede la suspensión al momento de promover el amparo, de nada sirve que un Tribunal dé la razón al ciudadano al final del juicio, si ya no existe o es materialmente imposible regresar las cosas al estado original.
Regresamos a que el beneficio obtenido con el amparo aplica sólo a quien lo promueve; y se incluyó disfrazada la retroactividad, pues las nuevas reglas aplicarán a los juicios en trámite, lo que provoca inseguridad jurídica.
Pero todo esto parece no ser tan grave, parece que a nadie preocupa la construcción de un Estado omnipotente. Cuando como sociedad, nos demos cuenta de lo que estamos perdiendo, tal vez será muy tarde.