El poder exhibe su maquinaria en escenarios obscenos. Hace unos días, en el búnker de un diputado de alto rango (con ‘staff’, lujos y hasta un chef privado), un personaje autodenominado “Lord” gestionaba recursos públicos para él y otros cinco ‘youtubers’. La pregunta es inevitable: ¿por qué el oficialismo moviliza recursos para operadores digitales de alcance dudoso? La respuesta es tan vieja como el método: para fabricar una narrativa de triunfo y defensa de la presidenta y su régimen.
El problema es que esa estrategia ya se volvió anacrónica. Publicar en bloque, amplificar con bots y construir una defensa coral era eficaz hace una década; hoy, el público distingue y descarta al emisor al instante. Además, si el discurso oficial insiste en que el país “va bien” y que la presidenta actúa con rigor científico y estratégico, ¿por qué necesita un ejército de aplaudidores artificiales? Entre 2019 y 2023, el gasto federal en publicidad oficial ascendió a unos 14 mil 500 millones de pesos, y casi la mitad fue para 10 medios. La otra mitad permanece opaca: ahí se esconden contratos con ‘youtuberos’, ‘influencers’ y operadores digitales. No defienden a la presidenta: defienden la ficción de que ellos son necesarios.
El error no es ético; es estratégico. Un Gobierno seguro de su rumbo no paga por eco; paga por resultados. Si lo hace, la pregunta es otra: ¿qué intenta silenciar? Ese aparato de defensa digital no protege al poder: lo desnuda. Es un lastre que delata lo inútil de gastar millones en necedades.