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3 de noviembre 2025

“Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”. Ese lema de José María Morelos y Pavón guio durante años la labor del Poder Judicial de la Federación, hasta que fue desmantelado bajo el pretexto de una reforma improvisada. Hoy, esas palabras han quedado en letra muerta, pues aquello que más se temía de este peligroso experimento, se ha materializado.

Todos los días, los medios de comunicación exhiben a jueces y magistrados electos que, ya en funciones, desconocen el quehacer de un juzgado o tribunal. Incapaces de conducir audiencias, actúan de manera arbitraria y dictan resoluciones sin el mínimo conocimiento de las leyes. Si a ello se suma que los recientes cambios legislativos volvieron el juicio de amparo más restrictivo, el resultado será la constante violación de los derechos de los justiciables, víctimas de un sistema judicial que debía protegerlos contra los abusos de la autoridad.

A casi dos meses de la implementación de la reforma, sus estragos son evidentes. El primer acto de corrupción de un funcionario consiste en aceptar un cargo para el cual no está preparado.

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