Manzo: Roberto Mendoza

El asesinato de Carlos Manzo en la plaza de Uruapan fue un manifiesto, una advertencia. La ejecución pública de este alcalde durante el Festival de las Velas frente a sus hijos despoja a la autoridad de toda pretensión de legitimidad. Manzo era un disidente dentro del poder: un político que intentó gobernar con decencia en un territorio donde la ley se sostiene por pacto y por miedo. Su muerte no revela un vacío gubernamental, sino la existencia de un sistema donde el crimen administra la obediencia y castiga la rectitud. Michoacán no es un Estado fallido: es un narco-Estado funcional.

Su condición de independiente selló su destino. Como alcalde, padeció la asfixia económica que la Federación impone a los municipios y la indefensión política de quien rompe con la línea dominante. Con recursos limitados y sin respaldo partidista, quedó atrapado entre la burocracia y el crimen: dos poderes que comparten la misma lógica de sometimiento. Manzo cayó por desafiar la estructura que garantiza la impunidad. Fue el costo de intentar gobernar desde un movimiento con ideas independientes.

La respuesta oficial: la captura de los asesinos materiales, no es justicia, es coreografía. Reaccionar no es una estrategia; decir que tenía protección y aun así lo asesinen refuerza la ausencia del Estado. El Gobierno parece empeñado en administrar los cadáveres, no en impedirlos. Cuando la estrategia se limita a simular control después del desastre, el mensaje es inequívoco: el Estado se retira y deja al país en manos del caos y el miedo. Los ciudadanos a diario quedamos expuestos, solos sin resguardo ni interlocutor, a merced de quienes dictan la ley desde un escritorio, administrando la violencia.