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25 de noviembre 2025

Roberto Mendoza

México opera bajo un acuerdo de poder que se parece demasiado a aquel triunvirato romano en el que César, Pompeyo y Craso redujeron al Senado a una figura decorativa. La coalición gobernante ha convertido al Congreso en un mecanismo de trámite donde solo avanza lo útil para su proyecto, mientras iniciativas de interés público, como la reforma de las 40 horas, se abandonan deliberadamente. Ese deterioro deja de ser una falla política para convertirse en una degradación moral cuando la justicia se usa con fines sectarios, no para esclarecer hechos, y el aparato del Estado solo se activa cuando conviene a una narrativa construida.

La resurrección de la teoría del segundo tirador en el caso Colosio exhibe esa manipulación con una claridad brutal. La intención de involucrar a García Luna para golpear al PAN no solo revive una hipótesis descartada, sino que absorbe, según reportes periodísticos, más de 10 millones de pesos mensuales del erario. Es el mismo patrón que destruyó la vida de Othón Cortés: fabricar culpables para sostener narrativas. El “magnicidio” se recicla no para entender la verdad, sino para intensificar la polarización del presente, sin importar si deben repetirse viejas injusticias disfrazadas de revisión histórica.

Es indigno, vergonzoso, hasta corrupto que el gobierno dedique recursos y voluntad política a perseguir fantasmas de 1994 mientras el país atraviesa su peor crisis humanitaria en décadas. Más de 200 mil asesinatos y más de 150 mil personas desaparecidas exigen prioridades distintas. Pretender corregir un expediente del siglo pasado mediante una nueva ingeniería judicial, mientras miles de madres buscan a sus hijos con sus propias manos, define la jerarquía real de esta administración: la memoria selectiva antes que la emergencia nacional. Esa es la justicia que este gobierno prefiere, una que excava en el pasado para no mirar a los muertos y desaparecidos del presente, esos que como Manzo, revelan lo que la 4T no sabe enfrentar.

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