Arturo Maximiliano García
La revisión y votación del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos del Estado es sin duda una de las facultades constitucionales más complejas y de mayor responsabilidad que tiene Poder Legislativo para definir el rumbo financiero, social y de desarrollo del Estado y sus municipios, esto en cumplimiento de los principios de legalidad, equilibrio presupuestal y control democrático del gasto público.
Su elaboración y propuesta a manera de iniciativa es potestad exclusiva del poder Ejecutivo, revisarlo y votarlo es nuestra y esto nos ha ocupado como representantes populares por lo menos los últimos 15 días.
Desde esta perspectiva, el bloque parlamentario de la 4T, ha asumido este proceso con seriedad institucional pero sobre todo con responsabilidad social, convencido de que el presupuesto es una herramienta no sólo númerica o frívola, sino que es un medio fundamental para hacer efectivos los derechos de ciudadanas y ciudadanos que están todos plasmados en nuestra constitución y que no deben ser letra muerta, EL gasto público debe de ser justo, reconocer necesidades y explotar oportunidades.
Cierto que es obligación de todas y todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, sí, pero que deben procurar siempre que paguen menos los que menos tienen, por eso la seriedad y el fondo de lo que hemos estado estudiando, debatiendo y que hoy, a punto de agotarse el plazo para su aprobación, estamos por votar.
En aras de la relevancia del tema hemos priorizado diversos principios:
- Legalidad presupuestaria y división de poderes
La Constitución establece que ningún gasto público puede ejercerse sin autorización legislativa, y que corresponde a este Congreso analizar, modificar y aprobar los instrumentos financieros del Estado. Que no puede haber contribuciones que no estén contempladas en leyes. Es nuestro deber entonces darle forma a un presupuesto que entienda que quien lo propone tiene una visión del mismo, pero que podemos y debemos enderezar aquello que no consideramos congruente con el mandato que también nos dio la ciudadanía, con la misma legitimidad a los diputados de oposición.
Cuando el pasado sábado se presentaron dictámenes que no atendían criterios de justicia social, racionalidad del gasto y progresividad fiscal, el grupo de la 4T ejerció plena y responsablemente su facultad constitucional votando en contra.
El diálogo posterior permitió corregir diversos instrumentos de ingresos y egresos. Hoy, los dictámenes incorporan modificaciones sustantivas que fortalecen el control legislativo sobre el gasto, sin invadir competencias del Ejecutivo en el ejercicio del mismo, en caso de aprobarse, ni de los Municipios en el principio de libre hacienda, reafirmando el equilibrio entre poderes y un respeto total a la autonomía municipal .
- Austeridad republicana y eficiencia del gasto público
El principio de austeridad tiene un anclaje constitucional en la obligación de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, estamos comprometidos a hacer realidad esta disposición.
En este sentido, se trabajó para lograr reducciones a partidas de áreas que no generan un beneficio directo a la población, reasignando recursos hacia prioridades sociales.
Estas decisiones no debilitan al Estado; por el contrario, lo fortalecen, al alinear el gasto con el interés general de la población.
III. Derechos sociales y progresividad
El presupuesto es el principal instrumento para garantizar la efectividad de los derechos sociales, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Por ello, es relevante destacar el incremento de recursos destinados a las personas con discapacidad, a comunidades indígenas, así como personas que quieren patrimonializar sus hogares y no cuentan con recursos para hacerlo, superando para estos y otros sectores los recursos asignados en el dictamen corregido en la Comisión de Presupuesto en comparación con el planteamiento inicial que fue rechazado hace un par de días en este mismo pleno.
Asimismo, el bloque legislativo de la 4T, logró la eliminación de nuevas contribuciones y la reducción de cargas fiscales se inscriben en el principio constitucional de progresividad, que obliga al Estado a no adoptar medidas regresivas que afecten desproporcionadamente a quienes menos tiene, entre ellos hemos salido a la defensa, entre otros, de los pequeños comerciantes, que son la columna vertebral de nuestra economía local y que requieren más apoyo y menos carga impositiva. Ni siquiera las mayores inversiones directas de capital extranjero en nuestro estado pueden suplir a los micro y pequeñas empresas, la generación de empleos y sus aportaciones vía contribuciones. Sin ellas no hay crecimiento, punto.
- Autonomía de la hacienda municipal y fortalecimiento del municipio libre
Uno de los avances más relevantes es el reconocimiento efectivo de la autonomía de la hacienda municipal, consagrada en el artículo 115 de nuestra carta magna.
Esto al permitir que los municipios otorguen subsidios en el impuesto predial y en el Impuesto al Traslado de Dominio, fortaleciendo su capacidad para ejercer una política tributaria sensible a la realidad social de sus habitantes, sin imposiciones centralizadas, pero más bien con flexibilidad que les permita el diseño de política fiscal que recaudando más sea menos gravosa para los que menos recursos tienen, generando un círculo virtuoso y una regularización de contribuyentes que hoy no aportan al erario porque las tasas y recargos acumulados hacen imposible que se puedan estar al corriente de sus obligaciones.
De igual forma, la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Bases, Montos y Plazos representa un paso importante hacia una distribución más equitativa de los recursos, atendiendo criterios de necesidad, rezago y capacidad financiera, y no únicamente de recaudación histórica que favorece siempre a los más grandes.
La fórmula debe seguir estimulando al que hace un mejor esfuerzo recaudatorio, pero debe ayudar también a que los que menos potencialidad tienen para recaudar más ingresos propios no se sigan rezagando en recursos que se traduce en infraestructura y servicios, lo que solo convertiría a nuestro Estado en uno con más disparidad entre nuestras zonas urbanas y particularmente la metropolitana con el semidesierto y más aún con nuestra gran zona serrana.
- Seguridad jurídica y protección del patrimonio familiar
El derecho de propiedad y la certeza jurídica también son base de uno de los derechos sociales y económicos fundamentales de los queretanos.
Las disposiciones que facilitan la escrituración de herencias y la transmisión de bienes entre familiares, con tasas reducidas, protegen el patrimonio de las familias, reducen la informalidad inmobiliaria y previenen conflictos legales futuros entre quienes más unidos deben de estar.
Las tablas actuales para el pago de traslado de dominio, ha hecho en muchas ocasiones imposible para muchos herederos y para quienes quieren poner en vida orden a sus propiedades con respecto a sus familiares más cercanos, por lo que nuestras leyes deben flexibilizar las disposiciones generales que permitan a los municipios establecer programas de apoyo suficientemente significativos para que estas operaciones puedan realizarse, generando además ingresos que posiblemente no llegarían a las cajas municipales de otra manera.
- Gobernabilidad financiera y responsabilidad del Congreso
Teníamos tres alternativas: APROBAR el presupuesto en los términos presentados originalmente por el ejecutivo, RECHAZAR en definitiva el presupuesto y que el ejecutivo acudiera a la reconducción presupuestal, es decir que ejerciera el gasto conforme al presupuesto de 2025, o una tercera, MODIFICAR un documento nuevo que incluyera una serie de modificaciones representativas de nuestros principios y de las prioridades que nos mandataron las y los queretanos en campaña primero y ahora en la calle.
La aprobación como venía el del paquete económico en su conjunto era imposible, ya que es diversos planteamientos eran abiertamente contrarios a nuestros principios e idearios de lo que debía expresarse, lo que debía priorizarse y también lo que debería ser la expresión de cambios de fondo en las asignaciones y repartición presupuestal como no lo ha pedido la ciudadanía a lo largo del Estado.
Por otro lado, la no aprobación del Presupuesto de Egresos generaría una situación de incertidumbre jurídica y administrativa, afectando la ejecución de programas públicos, la operación de los municipios y la planeación financiera del Estado, dejando de nueva cuenta todo en manos del Ejecutivo sin poder haber influido en un solo peso de lo que se ejerciera hasta que no llegaramos a un acuerdo presupuestal
Es cierto quye existen mecanismos provisionales, éstos no sustituyen la función constitucional del Congreso, ni garantizan la continuidad y eficacia del gasto público.
Prolongar esa situación impactaría directamente en la ciudadanía y erosionaría la estabilidad institucional.
Por ello, optamos por la tercera opción. La responsabilidad legislativa exige construir acuerdos, corregir lo necesario y dotar al Estado de un marco presupuestal claro y legítimo, donde quedaran reflejados al menos los siguientes principios: austeridad, no aumentar las contribuciones, más gasto social menos gasto superfluo, rechazar firmemente el endeudamiento, dar más a los municipios que menos tienen.
En datos duros, los dictámenes que hoy se somenten al pleno y que han sido modificados por la Comisión de Presupuesto, toda vez que fueron rechazadas las diversas iniciativas de referencia, han logrado recomponer en diversos puntos el paquete económico enviado por el Ejecutivo Estatal y los municipios donde destacan los siguientes logros concretos:
365 millones más para municipios del semidesierto y serranos
100 millones más (FAIS/FISE) para infraestructura en las zonas afectadas en nuestra Sierra queretana por las recientes lluvias torrenciales
20 millones más para nuestras comunidades indígenas, que requieren ser dignificadas
30 millones para apoyo a los discapacitados, cuya población requiere que se haga un esfuerzo adicional al que ya hace la federación para apoyar a este sector.
Inversión de la fórmula que asigna recursos del IEPS a los municipios, de manera que llegue más a los municipios menos favorecidos de la entidad
Eliminación de aumentos a derechos y aprovechamientos sobre servicios que da el Estado donde se planteaban incrementos
Reducción presupuestal en dependencias como Secretaría Particular, Jefatura de Gabinete y particularmente gasto en comunicación social en más de un 20 por ciento de recorte a lo planteado en el documento original
No endeudamiento en el municipio de San juan del Rio
Y no aumento para la recolección de basura en el Municipio de Querétaro
Este voto:
- Afirma el papel del Congreso como contrapeso constitucional.
- Fortalece la autonomía municipal y la justicia fiscal.
- Prioriza derechos sociales y protege el patrimonio familiar.
- Garantiza gobernabilidad financiera sin renunciar a la vigilancia del gasto.
Este es el principio de una serie de logros que seguiremos construyendo desde el marco jurídico, con la fuerza pero sobre todo con la responsabilidad que nos da ser mayoría en el poder legislativo.
Seguiremos atentos a la correcta aplicación de los recursos, porque la aprobación del presupuesto es el inicio del control democrático, no su conclusión.
