Diálogos con la Justicia: Vicente Peña

Vicente de Jesús Peña Covarrubias.

La reforma electoral que el oficialismo pretende impulsar en 2026 se anuncia como un avance histórico, pero en los hechos representa un nuevo retroceso democrático.

Disfrazada con el discurso de la austeridad, la propuesta debilita instituciones y mecanismos que ha costado décadas construir. No corrige fallas ni fortalece capacidades, reduce facultades y recursos. Lejos de consolidar la democracia, se suma a una cadena de decisiones que minan la confianza ciudadana en las reglas del juego y en los organismos encargados de hacerlas valer.

El ahorro, cuando se vuelve dogma, puede salir más caro que la inversión: dañar la credibilidad democrática tiene costos políticos y sociales difíciles de revertir. El propósito real de la reforma es incrementar el control político sobre el sistema electoral. Un aparato electoral debilitado es terreno fértil para irregularidades y desigualdad en la competencia.

La reforma electoral debe leerse en conjunto con la del Poder Judicial Federal. Ambas comparten una lógica: reducir contrapesos y concentrar poder bajo el argumento de corregir excesos. Sin árbitros electorales fuertes ni jueces independientes, la democracia se vuelve una formalidad vacía.