¿Programas de bienestar o de control?: Mario Maraboto

Mario Maraboto

Desde que inició su campaña a la Presidencia de la República, la señora Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones la continuidad de los programas sociales apellidados “para el bienestar” supuestamente en favor de los más pobres. Inclusive en un videomensaje destacó que “mantuvimos todos los Programas del Bienestar para 32 millones de familias” y celebró la ampliación de pensiones y becas como logros de 2025.

Vale la pena tener presente que las políticas sociales pueden funcionar tanto para reducir desigualdades como para ejercer control político cuando se diseñan o implementan con mecanismos de clientelismo, focalización selectiva o centralización de recursos como sucede en este régimen. A través de cuatro instrumentos procedimentales diseñados por AMLO (los superdelegados, el Censo del Bienestar, los Servidores de la Nación y los Centros Integradores de Desarrollo), se busca una mayor articulación, control y coordinación en la operación política.

Al hablar de clientelismo, operado por terceros afines, ha sido evidente el intercambio de bienes o servicios por apoyo político para lograr un puesto o un cambio no necesariamente en favor de la sociedad; la focalización, a su vez, ha consistido en seleccionar beneficiarios con discrecionalidad, en tanto la centralización se ha reflejado en personalizar la relación entre gobierno y votantes. El EX lo expresó claramente con aquella declaración de que “Ayudando a los pobres va uno a la segura (…) entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

En giras y actos de entrega de obras, la presidenta ha vinculado los apoyos sociales con resultados en empleo e inversión, diciendo que “se avanza en el bienestar del pueblo, que es nuestro principal objetivo”. No obstante, la forma en que se distribuyen los recursos a través de los programas sociales, se hace estratégicamente para influir en el comportamiento electoral y la lealtad política de gran parte de los beneficiados.

Diferentes investigaciones han mostrado que la centralización de programas ha concentrado poder político facilitado la relación directa entre Ejecutivo y beneficiarios, y que la entrega de apoyos, particularmente en periodos previos a elecciones, aumenta la percepción de beneficio inmediato y es empleada para campañas de imagen.

Ante las próximas elecciones de 2027, es de esperar que estos programas sociales -y otros que se le ocurran a la presidenta- seguirán siendo instrumentos relevantes en la arena política ya que aumentan la visibilidad del gobierno, la dependencia económica de beneficiarios, y —si persisten prácticas discrecionales— facilitan la movilización electoral y el clientelismo.

Las políticas sociales se han olvidado de la pobreza, la salud y el desarrollo para convertirse en eficaces herramientas de control político. Su diseño, implementación y gestión han creado dependencia selectiva, discrecionalidad y canales de intercambio político (recursos por lealtad), en ausencia de transparencia e instituciones de rendición de cuentas.

No toda transferencia crea control político, pero las del bienestar han combinado políticamente selectividad, discrecionalidad y opacidad que, seguramente, se incrementarán hacia el 2027.