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21 de enero 2026

Vicente de Jesús Peña Covarrubias

Del periodo de 1995 a 2024, la gran apuesta del Estado mexicano fue impulsar la profesionalización del Poder Judicial federal como garantía de imparcialidad en un entorno político plural y cambiante. La idea era que los ministros de la Corte fueran personas de alta competencia técnica y con una trayectoria destacada en el gremio y que sus demás integrantes ascendieran gradualmente en un sistema de carrera profesional que les ofrecía condiciones de trabajo dignas y suficientes de modo que no podían ser modificadas en represalias por decisiones políticamente incómodas.

Se logró construir una judicatura federal mucho más profesionalizada que la que existía antes de 1994.

La elección de jueces y el ahora plan de austeridad para los órganos del Poder Judicial de la Federación, que reduce el 10 por ciento del costo total anual de las estructuras orgánicas, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su baja productividad, con estadísticas que revelan una disminución de resoluciones casi a la mitad respecto de la anterior integración, acelera la extinción de este Poder de la Unión, a pesar de que un buen gobernante se mide por las instituciones que deja y, en este caso, cuenta con una menos.

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