La reforma judicial prometió una justicia más cercana y honesta, pero lo que hoy presenciamos es una erosión institucional disfrazada de ahorro. Resulta paradójico —y profundamente cínico— que mientras el plan de austeridad aprobado desmantela la operatividad del Poder Judicial de la Federación mediante el recorte de plazas y presupuesto, surja la noticia de la compra de camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte.
Aunque ahora pretendan revertir dicha adquisición ante el escándalo público, la incongruencia ha quedado revelada. Esto demuestra una desconexión total con la realidad de los juzgados, donde la falta de personal y recursos debilita la capacidad de respuesta ante el clamo del ciudadano.
Lo que hay que reflexionar es que el debilitamiento del PJF no es un ahorro; es un costo que pagará la sociedad con una justicia más lenta y vulnerable a presiones políticas.
Mientras los discursos oficiales hablan de «pueblo», las acciones demuestran una obsesión por el control de la estructura, dejando a la justicia en un estado de desfallecimiento técnico que tardaremos décadas en revertir. Lo “barato” nunca lo fue y todavía no advertimos lo caro que será en realidad.