Jorge Luis Camacho Ortega/Consejero Nacional de Coparmex
La propuesta en el plan B de realizar la revocación de mandato en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, es un rediseño del calendario electoral, con el fin de poner a la presidenta en las boletas y permitirle hacer campaña durante las elecciones intermedias del próximo año, generando un paraguas propagandístico para los candidatos de su partido, poniendo un piso disparejo para la oposición.
La figura presidencial dominará la narrativa electoral, movilizará recursos y estructuras que de otra manera no lo podrían hacer los candidatos locales, generando polémica alrededor del “plebiscito”, desviando la atención de los candidatos y procesos locales, buscando que se vote más por el partido que por los candidatos, poniendo en desventaja a la oposición.
Pero el plan B va mas allá: incluye recortes en los congresos locales y ayuntamientos municipales, que reducen la capacidad de maniobra de estos, afectando su autonomía y el federalismo, con una mayor concentración de poder en un partido político controlando los tres poderes en torno al Poder Ejecutivo.
Esta concentración de poder tiene efectos directos en la economía del país porque se ve afectadas la certidumbre jurídica y la seguridad, elevando el riesgo país que debilita la atracción de inversiones.
La falta de pluralidad, la concentración de poder y el debilitamiento del federalismo pueden derivar en políticas menos equilibradas, en la realización de megaproyectos fallidos como los del sexenio anterior, en la reducción de la capacidad de los estados para generar proyectos propios y finalmente traducirse en una menor competitividad frente a otros países, impactando en el PIB per cápita y la movilidad social.
Las instituciones debilitadas y falta de contrapesos aumentan la percepción de que las reglas pueden cambiar según la conveniencia política del Ejecutivo con más decisiones unilaterales que erosiona el Estado de derecho y la confianza de empresarios y ciudadanos.
Los inversionistas nacionales y extranjeros ven esta concentración de poder como un riesgo para el concurso y estabilidad de contratos y concesiones, frenando por tanto la inversión.
La democracia mexicana no puede reducirse a un ejercicio de propaganda ni a la concentración de poder en un solo partido y liderazgo. Los recortes propuestos y la presidenta en la boleta de 2027 debilitan el federalismo, la pluralidad, la certidumbre jurídica y elevan el riesgo país.
En Coparmex, afirmamos que México necesita instituciones sólidas, contrapesos reales y reglas claras para garantizar seguridad, atraer inversión y generar crecimiento.
Debemos defender la democracia como un sistema de equilibrio y representación. En ese reto, empresarios, ciudadanos y organizaciones debemos alzar la voz: sin instituciones fuertes, no hay inversión; sin pluralidad, no hay competitividad; sin federalismo, no hay futuro.