La carretera federal 57 es mucho más que una vía de comunicación. Es la columna vertebral que conecta a Querétaro con el resto del país, por donde transitan diariamente miles de trabajadores, estudiantes, transportistas y familias. Sin embargo, lo que debería ser una ruta para impulsar el desarrollo se ha convertido en un riesgo permanente. Hoy, salir de casa para recorrer la 57 implica enfrentar horas de tráfico, obras interminables y, peor aún, la posibilidad de no regresar. No podemos permitir que se normalice el hecho de que trasladarse entre Querétaro y la Ciudad de México signifique poner en juego la vida.
Las cifras son tan contundentes como dolorosas. Tan solo entre 2019 y 2023 se registraron mil 388 accidentes en el tramo queretano de esta autopista, con un saldo de 183 personas fallecidas y 355 lesionadas. Como si eso no fuera suficiente, durante 2024 ocurrieron 417 siniestros, un incremento del 33 por ciento respecto al año anterior. Detrás de cada número hay familias marcadas para siempre por una tragedia que, en muchos casos, pudo haberse evitado. Cada accidente prevenible representa una responsabilidad que alguien en el Gobierno federal debe asumir.
Las obras que comenzaron hace años dejaron de ser un proyecto de infraestructura para convertirse en un símbolo de improvisación. Iniciaron en 2019 y ahora la propia Federación reconoce que continuarán, al menos, hasta abril de 2027. Mientras tanto, por este corredor circulan diariamente entre 120 mil y 150 mil vehículos, de los cuales cerca del 60 por ciento corresponde a transporte pesado, sin que exista un plan eficiente para garantizar la movilidad y la seguridad durante los trabajos. Los cierres parciales, las reducciones de carriles y la falta de información clara solo profundizan el problema y aumentan la incertidumbre de quienes utilizan esta carretera todos los días.
Las consecuencias ya rebasaron el asfalto. Las familias queretanas pagan con horas perdidas, con afectaciones económicas y con una creciente preocupación por su seguridad. Se estima que los congestionamientos y accidentes generan pérdidas superiores a 2 mil 230 millones de pesos al año solo en productividad para la zona metropolitana. Además, municipios como Pedro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y El Marqués prácticamente no cuentan con rutas alternas viables. La saturación de carreteras estatales y el desvío de transporte pesado hacia comunidades como El Colorado deterioran caminos locales y trasladan un problema federal a los municipios y a sus habitantes.
Querétaro merece una carretera segura, funcional y con obras bien planeadas, no una emergencia permanente. La autopista 57 es uno de los corredores logísticos más importantes del país, pieza fundamental para la competitividad nacional, el T-MEC y el desarrollo económico. La Federación debe dejar de administrar el problema y empezar a resolverlo con planeación, inversión, información oportuna y una estrategia real de seguridad. Las queretanas y los queretanos ya han pagado demasiado tiempo con retrasos, pérdidas económicas y lo más grave: vidas humanas. Cuidar Querétaro también significa exigir que quienes tienen la responsabilidad de esta carretera cumplan con ella.