Jorge Carpizo, para mí, es un ejemplo. Una persona que forjó una infinidad de facetas dignas de reconocer. Desde la academia, en la función pública, en al ámbito jurisdiccional y, por supuesto, por su experiencia como primer ombudseperson en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por designación de Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México.

Antes de que los derechos humanos fueran tendencia en el sexenio de Felipe Calderón, Carpizo delimitó los primeros pasos años atrás.

En una de sus obras editadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hizo notar un primer preámbulo sobre el tema, observándolos de dos maneras: a) Como aquellos que el estado otorga por medio de su orden jurídico y b) como aquellos que el estado reconoce, por ser fundamentales.

Dos incisos, por demás diferentes en su interpretación.  En el primer caso, por ejemplo, se trata de un derecho constitucional del que gozamos todos los mexicanos, el funcionario que gobierna nos debe garantizar la trasparencia y acceso a la información pública. Para lo que se han creado organismos como el INAI.

Por otro lado, si hablamos del segundo inciso, tiene que ver con derechos innegables, tal como la libertad. En este caso, este derecho, únicamente se vería limitado al cometer un ilícito y recibir la pena privativa de la misma.

Lo mismo sucede con el derecho a la vida, su reconocimiento es irrefutable; sin embargo, en ciertos países al cometer un crimen de suma gravedad, avalan la pena de muerte.

En resumen, ¿conoces tus derechos? sobre lo anterior, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro menciona en su informe datos delicados, enumera los hechos violatorios de mayor incidencia, es decir, lo que no se respeta yendo en contra de la legalidad: empleo arbitrario de la fuerza pública y detenciones sin fundamento, deficiencia en el servicio de seguridad pública, prestación indebida del servicio público y discriminación, entre otros escenarios, que definitivamente obligan a las instituciones de gobierno a realizar una mejor encomienda en la administración pública.

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