Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. (Edmund Burke)

En la democracia, el poder dimana del pueblo, pero se ejerce a través de instituciones, de los Poderes de la Unión. En México tenemos 3 formas de ejercer el poder: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, además de las funciones específicas conferidas a organismos autónomos.
Cada uno tiene funciones diferentes, que nos permiten contener al propio poder, para que ninguna persona, ni tampoco ninguna institución, pueda hacer lo que quiera, porque siempre existe el riesgo de que pretendan abusar de él.
El Poder Legislativo establece las reglas en que los mexicanos vamos a convivir, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial es el árbitro, el que interviene cuando hay conflicto o se debe interpretar la ley.
Por eso, el poder de los gobernantes siempre está limitado por la ley, en una democracia no puede existir alguien que tenga poder absoluto, entre los Poderes de la Unión se deben respeto a su autonomía, a su investidura y al ámbito de sus funciones.
Nuestra propia Constitución establece límites y contrapesos que impiden que alguno de los Poderes abuse o transgreda los límites de sus funciones.
El caso es que, hemos visto en múltiples ocasiones, que al Presidente López Obrador no le gustan esos contrapesos, ha iniciado una embestida contra prácticamente todos los organismos autónomos, las más reciente, contra el INE, con su llamado Plan B, que además de pretender desarticularlo, es inconstitucional.
También lo vimos atacar al titular de la Cámara de Diputados, Diputado Santiago Creel, quien también es Presidente del Congreso de la Unión, por no someterse a su voluntad.
Pero, además, ha iniciado una peligrosa campaña contra el Poder Judicial, que se refleja en sus ataques contra la nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la Ministra Norma Piña, todo ello, de cara a una probable resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de actos del gobierno federal.
El desempeño autónomo de los jueces se traduce en el Estado de derecho y la certeza jurídica, valores democráticos esenciales para nuestro desarrollo como país.
Si el Presidente tiene pruebas del mal desempeño de un servidor público de otro Poder o de los organismos autónomos, cuenta con los mecanismos institucionales parta actuar, pero es inadmisible que el titular de un Poder hostigue a otro u otros, desde conferencias mañaneras, sin pruebas, sin argumentos, por la mera razón de que cumplen sus funciones de limitarse entre sí, en el ejercicio del Poder.