Este sistema ofrece servicios médicos, prestaciones económicas, créditos y pensiones; sin embargo, en la práctica persisten obstáculos como tiempos de espera, desinformación y trámites complejos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una parte importante de los derechohabientes no utiliza todos los beneficios disponibles, ya sea por desconocimiento o por experiencias negativas en la atención.
Esto genera una brecha entre los derechos establecidos en la ley y su ejercicio real.
Las señales de alerta son claras: trabajadores que no acuden a consultas preventivas, que no tramitan créditos o que desconocen su situación pensionaria.
También destacan quejas por falta de medicamentos, citas tardías o procesos administrativos lentos. En este contexto, conocer y exigir los derechos no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar bienestar y seguridad social.