Preocupa la falta de transparencia en compras federales

Redacción

La Federación está conformada por más de 260 instituciones que realizan compras públicas que representan, en promedio, 300 mil millones de pesos gastados en 150 mil contratos al año y detectar los riesgos de corrupción en cada una de ellas es una tarea compleja.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), para identificar los riesgos en compras públicas con base en información oficial.

Dicha herramienta encontró que las compras públicas sin competencia prevalecen en instituciones como Secretaría de Marina (Semar) y la Autoridad Portuaria de Salina Cruz (a cargo de la Semar).

La Secretaría de Marina asignó 96 por ciento del monto a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (24 por ciento).

La Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (+3 mil millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales 99 por ciento fue adjudicado directamente.

Algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra. 24 por ciento de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet. A su vez, 66 por ciento de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tienen el documento del contrato publicado.

Entre 2018 y 2020, 66 por ciento de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).

Las compras públicas de instituciones del sector educación son publicadas de manera tardía. 85 por ciento de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.

Mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por Pemex y CFE no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

El IRC también identifica las instituciones federales que sí cumplieron con la ley y fomentaron los principios de competencia y transparencia en las compras. En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) gastó 99.7% del monto de compras públicas por procesos de licitación pública.

Los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.