¿Quién es responsable de la solvencia moral y jurídica de los candidatos a cargos de elección popular? Esta pregunta está inmersa en una discusión que, ya planteada en 2014, ha revivido en vistas a los comicios de este año. ¿Qué mecanismos hay para asegurar el limpio historial de un contendiente?
Desde luego no es un tema menor. Si tomamos en cuenta los miles de cargos elegibles en México, pasando por regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, etc., ciertamente los casos escandalosos de a quienes se les responsabiliza de pasados turbios, son pocos.
¿Es requisito para ser candidato a un cargo el tener un historial intachable? Vale la pena recordar que en nuestro país no existen las penas trascendentales; por tanto, quien haya cometido un delito y cumplido la sentencia respectiva, no queda por tal situación invalidado por siempre para contender por un puesto público.
Distinto es el tema de la solvencia moral. Esta tiene que ver con el hecho de si la persona en cuestión se ha conducido en su vida en la manera en que socialmente se espera que lo haga; desde luego no puede implicar la absoluta ausencia de incorrecciones (somos humanos) sino una línea de conducta consistente.
En todo caso, regresando a la pregunta inicial, caben dos posibles respuestas: la responsabilidad de la solvencia moral y jurídica es del partido que postula, o del gobierno. El primer escenario supone que los partidos, en tanto conductores de sus procesos internos de selección de candidatos, deban conocer a quienes participan en los mismos, a fin de que puedan evitar (legalmente y conforme sus propios estatutos) la postulación de quienes no cuenten con adecuadas credenciales sociales y jurídicas. No desde luego por un prurito moralino, sino por un simple deber de salvaguardar el ejercicio del cargo para el caso de que su candidato propuesto resulte ganador.
El segundo escenario implica permitir al gobierno que haga una pesquisa sobre la vida de quien aspira a un cargo público. Desde luego se puede afirmar que es el aparato público quien cuenta con mayores recursos para investigar a las personas, y que de esta manera, se evitan los partidos la responsabilidad de postular a alguien cuestionable.
Considero que el único camino es el primero. Los partidos deben ser responsables políticos de los candidatos que postulan, pues surgen de sus propios procedimientos; ya la misma Constitución nacional prohíbe a las autoridades inmiscuirse en la vida interna de las fuerzas partidistas, salvo en los casos expresamente previstos, entre los que no se encuentra el realizar indagaciones de esta naturaleza.
Claro que esto deja abierto el asunto relativo a los candidatos independientes, respecto los cuales no creo que sea posible trasladar la responsabilidad política a quienes apoyaron con firmas su registro. Aquí valdría la pena profundizar el tema.
Los partidos presentan propuestas a la sociedad, y abanderados para realizarlas. Bajo su cuidado está la integración de dichos planteamientos así como los procesos para elegir sus representantes, los aciertos y los errores no pueden ni deben ser trasladados a otro espacio.
Por: Luis Octavio Vado Grajales
