Sergio Arellano
@siarellano5
Asesor jurídico de la Notaría Pública No. 29 del Estado de Querétaro y director general del despacho de abogados Arellano y Asociados
Estimado lector, ¿disfruta de los informes de gobierno en donde seguramente escuchará frases motivacionales sobre la justicia social? A propósito del informe del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 2 de septiembre, habría que evaluar los verdaderos atrasos y avances durante su mandato; sin embargo, analizando la forma y no el fondo, realmente fue un evento solemne muy bien organizado o mejor dicho, financiado. Lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿cuál es el costo de la democracia? Con el recurso que se invierte en dichos informes, ¿pudiéramos avanzar en otras materias? Definitivamente, como también es cierto que el recurso no garantiza un progreso, si no fortalecemos las instituciones. México tiene problemas prioritarios y el gasto aprobado por el INE para los partidos refleja una cifra histórica de aproximadamente 6 mil millones de pesos; lo anterior está fuera de proporción si nos vamos a las comunidades que viven con lo mínimo. En la reciente visita de Malala Yousafzai al país en su calidad de premio Nobel de la Paz, exhortó al Gobierno a invertir en educación. En resumen, reduzcamos todo gasto superfluo.
A través de la historia de nuestra democracia, presidentes municipales, gobernadores, legisladores y, en especial, el presidente de la república, han hecho costumbre el comunicarle al pueblo las acciones que han emprendido desde que toman el cargo público. Tanto esta comunicación como las elecciones son imprescindibles, pero hay que ejercerlas con responsabilidad y observando la realidad, no estamos para la mala distribución tal y como se demostró en el gobierno de José López Portillo.
Gracias a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la iniciativa ‘sin voto no hay dinero’, vamos mesurando el tema monetario de los partidos políticos. La mala noticia es que seguramente será lento armonizar lo ya establecido por éste alto tribunal con todos los estados de la república. Moralmente los funcionarios deberían administrar el recurso con un toque de humildad y sin la necesidad de ley alguna. A falta de criterio, legislemos y apliquemos la norma. La clase política necesita límites y limitaciones.
