El regreso de colombianos a su país por los puentes fronterizos que los trae desde Venezuela por Puerto Santander, Ureña y San Antonio, son pasos donde se siente el aliento de la muerte ante la mirada condescendiente de las autoridades del vecino país.
El viajero se encuentra con que, para volver a Colombia, hay que pagar –si es por Puerto Santander– cerca de 32 dólares cuando lo normal son 6.5 dólares que cobra el primer puesto fronterizo. En los otros tres, dispersos en un recorrido de 200 metros, manejados por fuerzas irregulares, se entregan otros 26 dólares. Si no se paga, no se pasa.
Por Ureña, la presencia de fuerzas irregulares es descarada. Una persona puede desaparecer al intentar pasar el puente porque puede ser ‘secuestrada’, delante de todos, para exigir un dinero a sus familias. Si no se paga el rescate, podría quedar de ellos solo el recuerdo, porque es bastante probable que nunca aparezcan sus cuerpos.
Los osados que se atreven a tomar la trocha de San Antonio pueden de pronto quedarse con las manos vacías, porque son robados por quienes se han ofrecido a pasarlos junto a sus mercancías. En todos los casos, las autoridades del vecino país son ‘socios’ de los antisociales.
Esa autoridad militar es la que apoyó el régimen instaurado por el desaparecido presidente Hugo Chávez y consolidado por Nicolás Maduro, quien poco a poco se alejó del pueblo y lo sometió a cualquier cantidad de vejámenes que motivaron una masiva migración que provoca desolación, pobreza y terror por donde pasa.
A escasas horas de que Maduro se posesione, este 10 de enero, para un segundo mandato, su Gobierno fue denunciado como ilegítimo, por los pesos pesados de la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), quienes impusieron nuevas sanciones y reiteraron sus llamados a una nueva elección presidencial libre y justa en un país, agobiado por una intolerable crisis económica, de alimentos y medicinas.
La única realidad es que Venezuela muere lentamente y arrastra en su agonía a los países fronterizos.
