Los últimos días han sido caóticos para los automovilistas, pero apuesto que también ha sido infortunado para los implicados en conductas delictivas de esta naturaleza.

La distribución de gasolina ha sido lenta: calles vacías, un gran número de centros de abastecimiento han cerrado sus estaciones, filas interminables y sigue sin esclarecerse una fecha cierta para regresar a la cotidianidad; sin embargo, lo que nos ocupa es visualizar los alcances jurídicos de lo que conocemos como ‘huachicol’. Es un fenómeno que corroe el sistema político de manera directa y cuyos índices se elevaron exponencialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Funcionarios de Pemex y del propio sindicato han acabado con la industria; la corrupción y la malversación de los recursos ocasionaron que el subsidio de la paraestatal fuera insostenible. Es evidente que no se puede evadir la responsabilidad de todos aquellos involucrados en el saqueo ilícito de la sección energética, pero ¿qué ocurre con el comercio de lo obtenido? Les diré: No solo aplica la pena para quienes extraen, sino también para quienes ejercen el comercio en estas condiciones.

La venta ilegal del ‘oro negro’ claramente constituye una acción contraria a la norma vigente; de igual forma, su compra. Con lo anterior me refiero a los 20 o 30 años de prisión que prevé la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos a quien “compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.

Sin mencionar lo que dicta el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante dicho escenario, el gobierno de AMLO debe coadyuvar para juzgar a los culpables como lo ha prometido; es una lástima que un ideal empuñado por causas justas haya tenido tal desenlace. Me gustaría imaginar lo que opinaría Lázaro Cárdenas sobre el acontecer de su obra nacionalista y la reorganización que hemos acogido a raíz de la reforma estructural de la Administración pasada. No estaría muy contento.