El 10 de marzo de 2019 el presidente de Colombia, Iván Duque, presentó 6 objeciones a la propuesta de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para muchos, es la primera acción para desmantelar uno de los elementos claves de acuerdos de paz.

De acuerdo con su titular, Patricia Linares, la JEP cuenta con las herramientas y los marcos legales necesarios para seguir funcionando. Sin embargo, de ser aprobadas por el Congreso, Miguel Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz, expresó que, en un intento de asegurar a los excombatientes y funcionarios públicos que han llevado sus casos ante dicho mecanismo, los cambios estatuarios no tendría retroactividad.

La falta de una ley estatutaria debilita la confianza que ha sido investida por los colombianos en los mecanismos de justicia transicional. En teoría, el acuerdo de paz está blindado por la Corte Constitucional durante los siguientes 12 años, pero la decisión de Duque sienta un precedente peligroso para estos mecanismos. El gobierno ha demostrado que hará lo que pueda para dañar la implementación de los acuerdos, polarizando más la sociedad colombiana.

En mi opinión, a pesar de que Uribe y sus seguidores han sobreutilizado el argumento de la falta de justicia, el trasfondo en el debilitamiento de la JEP es el involucramiento de las instituciones del estado en la flagrante violación de derechos humanos durante el conflicto armado. El expresidente Uribe no puede permitir que los mandos del ejército y los paramilitares revelen información que lo involucre. Entonces, debilitar a la JEP es un intento de silenciar a determinados actores del conflicto armado, y así crear una versión selectiva de la historia a favor del gobierno y sus políticas fallidas.

Al ser una marioneta de Uribe, Duque ha demostrado no estar a la altura del cargo que la sociedad colombiana le ha confiado. Colombia no podrá avanzar en el camino de construir una paz duradera sin abrir un diálogo honesto y transparente acerca del pasado, y por extensión, acerca del futuro.