Keith Bradsher

Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, cuenta con una mayoría muy leal en la legislatura del territorio. Tiene el respaldo total del gobierno chino y una enorme burocracia lista para apuntalar su agenda.

Sin embargo, el sábado se vio obligada a suspender de manera indefinida la iniciativa que había emprendido hace un mes para obtener la aprobación de un proyecto de ley que habría permitido que su gobierno extraditara a sospechosos de crímenes a China continental, Taiwán y otros territorios. La decisión de Lam representó el repliegue más grande en cuanto a un tema político que ha realizado China desde que Xi Jinping se convirtió en el dirigente del país en 2012.

Multitudes enormes de manifestantes habían tomado las calles de Hong Kong durante protestas cada vez más violentas. Los gerentes de negocios locales se habían puesto en contra de Lam. Incluso algunos funcionarios de Pekín habían comenzado a cuestionar su criterio al convocar una lucha en torno a un problema que ellos consideran una distracción de su prioridad real: la aprobación de una legislación estricta de seguridad nacional en Hong Kong.

El riesgo para el gobierno hongkonés es que la sociedad, en particular los jóvenes, quizá se hagan a la idea de que la única manera de detener las iniciativas de políticas no deseadas es mediante manifestaciones violentas. Desde que el Reino Unido regresó Hong Kong a la autoridad china en 1997, con cada nuevo problema importante, el nivel de violencia en las protestas ha aumentado antes de que el gobierno ceda y cambie de curso.

La semana pasada, hasta un millón de personas se manifestaron de manera pacífica en contra del proyecto de ley de extradición. Sin embargo, la postura del gobierno no empezó a cambiar sino hasta que tuvo lugar una manifestación más pequeña el miércoles. Comenzó de manera pacífica hasta que algunos manifestantes tomaron ladrillos y los lanzaron a los policía. Los agentes respondieron disparando balas de goma y lanzando gas lacrimógeno.

En una conferencia de prensa el sábado, Lam negó haber actuado solamente para prevenir que hubiera más violencia en un mitin que estaba planeado para el domingo.

“Nuestra decisión no tiene nada que ver con lo que pueda suceder mañana”, aclaró. “No tiene ninguna relación con una intención —ni un deseo— de pacificar”.

No obstante, esa aseveración atrajo gran escepticismo. Jean-Pierre Cabestan, politólogo en la Universidad Bautista de Hong Kong, dijo que la protesta apta para toda la familia que se realizó hace una semana no fue suficiente para enviar un mensaje.

“Sin un poco de violencia y presión política, no obtienes nada de las autoridades”, dijo.

Anson Chan, que fue la funcionaria con el segundo nivel más alto de Hong Kong hasta su jubilación en 2001 y ahora es defensora de la democracia, dijo: “Cuando se le niega el voto en las urnas, la gente se ve obligada a salir a las calles para hacerse escuchar”.

La debacle de la propuesta de ley subraya el dilema central de Pekín en Hong Kong. Quiere retener el control total, por lo que no quiere permitir que haya una democracia plena en el territorio semiautónomo.

No obstante, sin democracia, una sucesión de gobiernos hongkoneses ha tropezado con crisis políticas, pues subestiman o ignoran las inquietudes del pueblo, y a Pekín siempre le toca algo de la culpa. Algunos de los asesores cercanos de Lam dicen que no está claro si sostuvo conversaciones previas con los dirigentes de Pekín sobre el proyecto de ley de extradición.

El sábado, Lam se rehusó en repetidas ocasiones a hablar sobre las conversaciones con líderes de Pekín. Asimismo, el gobierno de Hong Kong se ha mostrado más proclive a continuar con firmeza, al menos al principio, ante la indignación pública.

Los mandatarios de Hong Kong cada vez hacen más eco de las percepciones de los funcionarios de Pekín de que hay fuerzas extranjeras malévolas que caldean las protestas. Esa influencia extranjera al parecer se basa en reuniones que han organizado los defensores de la democracia en Hong Kong con funcionarios y políticos estadounidenses cuando viajan a Washington.

De cualquier modo, Lam y sus asesores principales han desconfiado de la sinceridad de los manifestantes.

“Me parece que los disturbios fueron instigados por fuerzas extranjeras y es triste que los jóvenes de Hong Kong hayan sido manipulados para participar”, dijo Joseph Yam, miembro del consejo ejecutivo de Lam, el organismo consultivo principal del territorio.

Las sospechas de influencia extranjera hacen aún más sorpresivo el repliegue que Lam anunció el sábado. Sin embargo, el camino hacia el fiasco de políticas públicas de esta semana realmente parece haber comenzado en noviembre, cuando Lam y sus asesores principales viajaron a Pekín para sostener una reunión extraordinaria con Xi. Él ofreció un largo discurso en el que les decía que salvaguardaran la seguridad nacional, de acuerdo con una transcripción publicada por la agencia oficial de noticias del gobierno Xinhua.

El discurso incluyó lo que parecía ser un mensaje de que Hong Kong no podía posponer de manera indefinida su deber legal conforme a la Ley Fundamental, su miniconstitución, de implementar leyes de seguridad nacional contra la sedición, la subversión, la secesión y la traición.

“Los compatriotas en Hong Kong y Macao deben mejorar los sistemas y mecanismos relacionados con la implementación de la Constitución y la Ley Fundamental”, declaró Xi.

No obstante, la experiencia de 2003 destacó lo difícil que sería aprobar una legislación de seguridad nacional. Asimismo, Lam estaba profundamente perturbada por otro asunto en invierno pasado.

Había recibido cinco cartas de los padres de una joven que fue asesinada en Taiwán, supuestamente a manos de su novio, quien después regresó a Hong Kong. La falta de un acuerdo de extradición entre Hong Kong y Taiwán, una democracia aislada que Pekín considera parte de China, complicó la extradición del joven.

Lam decidió que un proyecto de ley breve —de solo diez artículos— debería incorporarse a la legislatura para facilitar la extradición de personas.

El proyecto de ley se debatió en una reunión del consejo ejecutivo, un organismo consultivo importante, justo antes de una festividad de tres días por el Año Nuevo chino, y se aprobó luego de un debate casi nulo, de acuerdo con una persona familiarizada con las deliberaciones del consejo, quien insistió en permanecer en el anonimato.

No obstante, el proyecto de ley también requería que la policía proporcionara lo que se conoce en la jerga jurídica como “asistencia legal mutua en materia penal”. Los altos funcionarios en finanzas y los principales financieros de Hong Kong, que estuvieron presentes en la reunión celebrada antes del Año Nuevo chino, no estaban enterados de que el proyecto de ley de extradición también les permitiría a las agencias de seguridad continentales empezar a solicitar el congelamiento de activos en Hong Kong.

Se sintieron consternados cuando lo supieron, según la persona con conocimiento detallado de la reunión. Yam no habló sobre la reunión del consejo, pero otras personas enteradas de la reunieron sí lo hicieron bajo la condición de conservar su anonimato debido a las reglas que prohíben la divulgación de las actividades del consejo.

El proyecto de ley de Lam exponía no solo a los hongkoneses a la extradición, sino también a los ciudadanos extranjeros. Eso horrorizó a las cámaras influyentes de comercio que representan a los bancos más grandes de Occidente, los cuales tienen casi todas sus oficinas centrales para Asia en Hong Kong, así como a los fabricantes occidentales más grandes, que mantienen a su personal en Hong Kong mientras supervisan las fábricas en China continental.

La comunidad empresarial empezó a ejercer presión para que se detuviera el proyecto de ley de extradición. Luego de que el gobierno dejó de considerar la propuesta, incluso los aliados de Lam en Hong Kong dicen que es casi una certeza que no tiene suficiente capital político como para aprobar la legislación de seguridad nacional que Pekín en realidad quería.

El manejo deficiente que el gobierno de Hong Kong dio al asunto de la extradición destaca que la jefa ejecutiva solo le rinde cuentas a Pekín. No obstante, Pekín también le ha prometido a Hong Kong un “alto grado de autonomía”.

Al liderazgo comunista le gusta esta estructura política porque garantiza la lealtad del gobierno hongkonés, y rechazó a los manifestantes que exigieron elecciones libres hace cinco años. Sin embargo, el sistema implica que la dirigencia de Hong Kong a menudo malinterpreta y a veces ignora la opinión pública y opera con retroalimentación limitada incluso de Pekín.

“Si la dirigencia de Hong Kong hubiera sido elegida por el pueblo y no por Pekín, quizá no habría presentado ese proyecto de ley”, opinó Cabestan.