Un profesor en una ocasión nos dio una definición que sin duda aplica en cualquiera de los negocios u organizaciones en las que se tenga que tener una buena logística para hacer llegar los bienes o servicios a los usuarios o consumidores finales: “El costo de distribución siempre se va a pagar; no importa cómo lo repartas, pero al final lo tienes que pagar”.

Esto viene cuando estamos viviendo momentos de mucha desesperación por parte de los afectados, y al mismo tiempo de incredulidad de que realmente esté sucediendo ese desabasto de medicamentos para tratar enfermedades tan delicadas y graves cómo el cáncer.

El día de ayer varios padres de familia se manifestaron bloqueando los accesos al Aeropuerto de la CDMX, exigiendo respuesta y compromisos para tener las medicinas que son necesarias para las quimioterapias a las que tienen que someterse sus hijos enfermos de cáncer.

Por supuesto que en unos momentos ya estaban circulando comunicados de parte de la Secretaría de Hacienda en los que mostraban los contratos que comprobaban que las licitaciones y compras de dichos medicamentos ya se habían efectuado.  El día de hoy, martes 27, en una entrevista en uno de los programas nacionales de noticias, no recuerdo si fue @CiroGomezL o @beltrandelrio, que entrevistaban al presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, mismo que afirmó que ya se habían surtido todos los pedidos derivados de las licitaciones de diciembre de 2018, y que estaban por empezar el proceso de las licitaciones de medio año.

Por lo tanto, si se hicieron los pedidos, se firmaron los contratos, se produjeron las medicinas, se complementaron las órdenes de compra y se hicieron las entregas de esos medicamentos, ¿por qué hay desabasto?

Evidentemente, alguien dentro de la cadena que acabo de describir está manejando “otros datos”, ya que de ser cierto que todos hicieron su trabajo, las medicinas estarían disponibles para los niños enfermos.

¿Dónde, Secretaría de Salud, Hacienda, farmacéuticas, hospitales… dónde están esas medicinas?

Un asunto donde se pone en riesgo la vida de enfermos, especialmente cuando se trata de niños, debe de ser transparentado al máximo y el costo de la distribución asumido por quien sea responsable.