Muchas veces cuando nos trasladamos a la realidad procesal de los jueces y magistrados, resulta muy complicado explicar el sentido de una sentencia por la pluralidad de elementos

Sergio Arellano

Me gustaría compartirles mi experiencia en una mesa de análisis que tuvo lugar en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en donde circularon algunas reflexiones por parte de integrantes del Poder Judicial federal.

Muchas veces cuando nos trasladamos a la realidad procesal de los jueces y magistrados, resulta muy complicado explicar el sentido de una sentencia por la pluralidad de elementos que convergen para determinarla.

La pregunta es: ¿Hasta qué punto los juzgados y las magistraturas locales pueden interpretar las figuras jurídicas contenidas en nuestras leyes?

Se comentaba que una entidad federativa manifestaba su intención de definir la palabra ‘discriminación’ en sus legislaciones con fundamento en su razonamiento jurídico y de acuerdo con las diversas concepciones que pudiesen existir para regularla adecuadamente.

Lo antes citado fue de tal revuelo que se promovió una acción de inconstitucionalidad que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su discusión y de esta manera establecer que lo anterior era contraproducente debido a que se extendería la posibilidad de que cada estado de la República hiciera su propia descripción y analogía. Se llegó a insinuar el carácter centralista de nuestro máximo tribunal.

Bajo esta óptica argumentativa, se añade al debate la pertinencia de que, desde la primera instancia en el ámbito jurisdiccional, se tuviera la obligación de actuar conforme a lo que mandatan los mecanismos y organismos especializados en materia de derechos humanos. Para lo cual surge nuevamente la interrogativa:

¿Es correcto que la justicia local llegue a sus propias conclusiones?

Si la finalidad es el mayor beneficio para la persona, ¿optamos por esta tendencia práctica?

Ciertamente para evitar controversias y limitar el uso del control constitucional, el pasaje correcto requiere un esfuerzo conjunto por agrupar criterios jurisprudenciales, resoluciones estatales y recomendar los cambios necesarios a los legisladores para que nuestro cuerpo legal sea eficiente y contemple todos los alcances posibles.

Una de las características de la norma vigente en México tiene que ver con su perfectibilidad; no podemos ignorar lo que puede llegar a ser una propuesta atractiva.