Iván Duque promoverá diversas iniciativas que podrían afectar el patrimonio de los ciudadanos de Colombia
Iván Torres
Los cambios sociales que se suscitan en Sudamérica y el mundo es la inconformidad de los pueblos que no soportan más abusos y corrupción.
Lo de Chile fue el cúmulo de hechos que tuvo como postre de la cereza el alza del transporte, que fue ínfima, pero que resultó el detonante.
La terquedad de Evo Morales para mantenerse como presidente de Bolivia resultó su condena sobre todo después que el Ejército y la policía le quitaron el apoyo, lo que no sucede en Venezuela, donde son ellas las que sostienen al dictador Nicolás Maduro.
En Colombia, el Ministro de Defensa Guillermo Botero renunció antes de que el Senado le hiciera moción de censura, que significa retiro del cargo tras ocultar la muerte de siete menores a manos de las fuerzas militares, pero esta semana se le oficiará el castigo y se convertirá en el primer ministro que afronta la pena.
En la instalación de la Mesa sobre Empleo Público, la Ministra del Trabajo, Alicia Arango, puso los puntos sobre las íes al asegurar que renunciará si la obligan a reducir el salario mínimo en las próximas negociaciones.
El presidente Iván Duque para rematar dijo que no está de acuerdo con el aumento de la edad y del porcentaje de cotización ni también con castigar los ingresos de los pensionados con más tasas impositivas, lo que daría una rebaja ostensible de lo que recibe y que en el fondo son los recursos que el mismo trabajador ahorró tras un mínimo de 40 años de labores.
Además, una polémica propuesta relanzada por el centro de estudios económicos Anif como una medida para reactivar el empleo y reducir las altas tasas de desocupación laboral para los jóvenes fue rechazada. Se trata de un salario mínimo diferencial para los menores de 25 años y poner a trabajar a las personas por horas, lo que daría menos jubilados.
Asimismo, Duque agregó que objetará el artículo 44 del presupuesto general de la nación, cuya redacción daba a entender que el Gobierno sacaría recursos de las universidades públicas para pagar demandas en contra de la nación.
