Tanto activistas como quienes se dedican a la salvaguarda de los derechos humanos, han llegado a un punto de convergencia: la omisión legislativa
Sergio Arellano
Los últimos dos días he estado en mesas de debate muy interesantes sobre el tema que refiere al día 17 de mayo. La conmemoración del día internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, entre otros; me parece interesante el estudio legal que defiende, promueve y reconoce los derechos de las personas de la diversidad sexual porque la realidad es muy adversa.
Tanto activistas como quienes se dedican a la salvaguarda de los derechos humanos, han llegado a un punto de convergencia: la omisión legislativa. Los discursos ambiguos, religiosos, conservadores y en algunos casos “moralistas” han trabado los esfuerzos por un enfoque integral en las leyes vigentes.
Gran parte de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comisiones estatales y organismos similares, se asocian con una serie de conductas discriminatorias como el impedimento al libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, la celebración de matrimonios, adopción, prejuicios laborales, por mencionar algunas.
Al ver la parálisis de las y los legisladores, federales y locales, mi postura es que la conversación sea jurídica y no política. Como lo he comentado en artículos pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, han abordado ampliamente en sus sentencias y determinaciones lo concerniente a las poblaciones LGBT+.
Es correcto que los amparos y las acciones de inconstitucionalidad son una herramienta muy práctica; sin embargo, las y los jueces están obligados a realizar un escrutinio estricto de la ley cuando, implícitamente, contengan un enfoque de violación a la dignidad humana.
En un sentido interpretativo, los congresos deben acoger la postura del alto tribunal mexicano y la enriquecedora jurisprudencia internacional, tratándose, por ejemplo, de la CIDH; misma que tiene un carácter vinculatorio al estar adheridos al Pacto de San José.
Es vital recalcar que, en el sistema interamericano, aunque no sea un caso directamente contra el Estado mexicano, estamos obligados a tomar cualquier criterio como propio por la búsqueda del principio pro persona.
La apuesta reside en que podamos entablar una convivencia social sin estereotipos, prejuicios o estigmas.
