La orden del presidente López Obrador para abrir el expediente enviado por la DEA aluzó una parte de la historia: quién acusa y por qué. El canciller, Marcelo Ebrard acató la orden y abrió la investigación estadounidense sin testar

Daniel Lizárraga

Criticar las páginas en negro contenidas en la versión pública de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el no ejercicio de la acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, no te convierte en conservador o corifeo de golpistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La imposibilidad de valorar cómo llegó la FGR a la exoneración del exsecretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, prueba por prueba, tampoco te hace defensor de organismos estadounidenses.

Poco o casi nada puede argumentarse en favor del expediente de la DEA. El colega Irving Huerta hizo una sensata observación: no hay datos de geolocalización de los teléfonos intervenidos a los narcotraficantes asentados en Nayarit.

Uno –como quien esto escribe– cojea de la pierna izquierda, pero ello no implica cerrar los ojos y escuchar solo el canto de las sirenas en Palacio Nacional; en ocasiones, hay que acercarse a los temas controvertidos como lo hace un maestro joyero cuando usa una lupa para ver la máquina de un reloj.

No existe objetividad, al menos en el periodismo. El maestro Miguel Ángel Bastenier alguna vez escribió: no soy objetivo porque no soy objeto; soy subjetivo porque soy sujeto. Para fortalecer mis argumentos, necesito acercarme con mis propios ojos a las fuentes de información. Esto es propio de los países que pueden llamarse democráticos.

La orden del presidente López Obrador para abrir el expediente enviado por la DEA aluzó una parte de la historia: quién acusa y por qué. El canciller, Marcelo Ebrard acató la orden y abrió la investigación estadounidense sin testar.

La normatividad obliga, en estos casos, a tener un dictamen del Comité de Transparencia, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Palacio Nacional no es autoridad en esta materia; porque una y otra forman parte del Poder Ejecutivo.

López Obrador dijo que se puso por delante la soberanía de México, nadie en sano juicio podría apelar lo contrario, son conocidos los abusos de la DEA en Latinoamérica. Pero, una duda: ¿dónde quedó el documento en el que estén explicadas las razones para poner por delante ese valor supremo?

Eso también sería histórico.

Por otro lado, la versión pública la FGR fue testada por protección de datos personales e información sensible que pudiera afectar el curso de otras indagatorias.  En esta, la otra parte para entender el caso Cienfuegos por derecho propio, López Obrador dijo que se cumplió la ley incluso con el 80% de los documentos en negro.

¿Cómo podemos estar seguros de que a la FGR no se le pasó la mano y eliminó párrafos que, por ley, debieron salir intactos?  También -al igual que en el caso de la Cancillería- no aparece la prueba de daño: ¿Dónde quedó el dictamen del Comité de Transparencia de la FGR que explique nítidamente por qué no poner en riesgo ésta o aquella información?

Algo no cuadra. Para eso está el INAI, por cierto.