Daniel Lizárraga
La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Bulla Roces, y el recién nombrado titular del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), José Romero Tellaheche, no han entendido o no quieren reconocer que el conflicto estudiantil se generó por sus posturas públicas y decisiones erróneas.
En los últimos días, con el problema entre las manos, anuncian que quieren debatir, pero no dicen cómo ni cuándo; menos aún, cuál sería la agenda de trabajo cuando de antemano conocen el pliego petitorio de la comunidad estudiantil.
No hay manera de asumir la dirección del CIDE, y quizá de ninguna otra universidad pública o privada, cuando tratas a los estudiantes como seres incapaces de reflexionar, susceptibles de haber sido manipulados por una planta docente –según el oficialismo– dominada por la corriente de pensamiento neoliberal.
Romero Tellaeche debería asumir la responsabilidad de haber tratado a la comunidad estudiantil de esa manera, pero, lejos de reconocer su error, parece estar montando en la lógica de que posee la verdad, que sus planes para reorientar al CIDE deben ser el único camino para imponer la visión del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, quitemos una forma de pensar para imponer otra.
La visión de Romero Tellaeche carece de fundamento. Hay una basta lista de profesores e investigadores en el CIDE de tendencia izquierdista, como los hay de otras corrientes de pensamiento, incluyendo, por qué no, el neoliberalismo. No obstante, el trabajo riguroso, profundo, profesional y de alta calidad académica ha sido quizá uno de los mayores estandartes de esa casa de estudios.
En esta lógica, hay que decir que ninguna de esas corrientes de pensamiento debe imponerse, aplastar a la otra para desaparecerla. Puede entenderse dentro del Gobierno federal, pero no dentro de una universidad. El insulto a los estudiantes y el desplante ante la planta docente debería ser motivo suficiente para descalificarlo para encabezar el CIDE. No obstante, fue ratificado.
En los últimos días, María Elena Álvarez-Bulla Roces emitió un comunicado de prensa donde justifica, con apego a reglamentos, la designación del director del CIDE. El problema no es la legalidad ni su derecho a tomar decisiones. El descontento está afuera, en la calle, en las instalaciones tomadas por los estudiantes ante la actitud que ha tomado José Romero.
No quieren entender que la posibilidad de diálogo la empantanan desde las autoridades. José Romero no ha querido siquiera recibir el pliego petitorio y ahora, encima de todo, condicionan un posible encuentro a que se levante el plantón. No pueden ir en contra de la comunidad estudiantil y académica. No es un problema de legalidad. Ahí están las recientes posturas asumidas por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey.
