Jesús Ramírez vive en una realidad paralela, la cercanía con el poder le ha nublado la razón o escribió sin pensar ese mensaje
Daniel Lizárraga
Hace una semana, en esta columna pregunté: ¿qué hará el Gobierno federal para detener los crímenes contra periodistas? Obviamente no hubo respuesta porque simplemente no tienen idea. Pero hay algo más grave: el pasado lunes, el reportero de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado a balazos. La cuarta ejecución en menos de un mes. En estas primeras semanas del año 2022, han perdido la vida José Luis Gamboa (Veracruz) así como Margarito Martínez y Lourdes Maldonado (Tijuana).
En los últimos 22 años, la organización Artículo 19 ha contabilizado 148 periodistas asesinadas(os), de los cuales 28 murieron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las condolencias oficialistas sobran, sirven de poco o de nada ante la espiral de violencia. Sus promesas de dar con los responsables, intelectuales y materiales, es una responsabilidad como servidores públicos. A nadie le hacen un favor con cumplir con la ley.
Pero aún más preocupante es la postura asumida por el vocero del Palacio Nacional, Jesús Ramírez. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: “De acuerdo con investigaciones judiciales, el C. Roberto Toledo, asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias a familiares y amigos”.
Jesús Ramírez vive en una realidad paralela, la cercanía con el poder le ha nublado la razón o escribió sin pensar ese mensaje. La precariedad laboral en cuanto a sueldos en medios de comunicación en todo el país, pero de manera particular, en los estados y municipios, ha provocado que las y los colegas busquen un segundo o tercer trabajo. El sueldo lamentablemente no alcanza para sobrevivir, mucho menos aún si hay una familia que necesita un techo, alimentación y educación.
A lo largo y ancho de país, el gremio se ha visto en aprietos. Decenas de reporteros(as) han sido taxistas, vendedores de periódicos, comerciantes, tianguistas, profesores y un largo etcétera. Desde luego, esto es un tema profundamente complejo porque también implica corrupción, dádivas de las autoridades, de empresarios o incluso del crimen organizado.
Sin embargo, la insensibilidad del vocero presidencial es gigantesca. El mensaje de Jesús Ramírez es una falta de respeto para el colega asesinado y también para las decenas de reporteros(as) que, empujados por los bajos salarios en medios de comunicación, han buscado completar sus ingresos de manera honesta.
No es algo que debiera pasar por alto. Las palabras de Jesús Ramírez no son yerro. Tampoco un grave desliz de un aprendiz de periodista. El vocero presidencial debería, por lo menos, pedir una disculpa pública.
El tema no es menor. El contexto es tremendo. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo entre las nacionales que no viven un conflicto armado. Hasta el momento, no hay una sola prueba que desvincule este asesinato con la actividad periodística. De hecho, los jefes de Monitor Michoacán han reportado que hubo amenazas, advertencias en su contra por la información que publicaban.
La postura de Jesús Ramírez es insostenible, injustificable y grave por el peso de su responsabilidad como el vocero del Palacio Nacional.
