En el texto y en el guión, no hay una prueba documental o de otras características entre Adams y la compañía contratista de Pemex
Daniel Lizárraga
El periodismo no es perfecto. Cuando la gente o los propios autores y reporteras miramos el trabajo, observamos que algo pudo hacerse mejor. Tratamos de acercamos a los hechos hasta dónde sea posible; con nuestras técnicas, métodos, experiencia y ética. Pero siempre, o casi siempre, son acercamientos. La verdad tal cual es imposible. Sin embargo, cuando hay una investigación que sacude a las audiencias, a juicio de quien escribe esta columna, hay que detenerse un momento para observar con una mirada fría cómo se hizo. Los entretelones también son útiles.
Un reportaje de alto impacto que revela un posible conflicto de interés entre el Gobierno de López Obrador con la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, debió incluir una nota metodológica que transparentara cómo los reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de Latinus obtuvieron la información o los datos para iniciar una investigación periodística. Es decir, de qué manera supieron que José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams vivieron en esa lujosa propiedad.
La nota metodológica no es un asunto menor cuando vivimos en tiempos polarizados. De cualquier manera, quienes están a favor de la 4T atacarían al reportaje cuestionado que se trata de una campaña de desprestigio contra el presidente López Obrador. Para tomar distancia de estos señalamientos, los reporteros estamos obligados a rendir cuentas sobre cómo llegamos a este tipo de temas.
En el reportaje, tanto en video como en texto, no aparece que el equipo periodístico haya solicitado una entrevista o una postura a Pemex, a José Ramón López Beltrán, al ejecutivo de Baker Hughes y al mismo López Obrador antes de que se difundiera el reportaje. Si cualquiera de ellos no quería hablar, así hay que dejarlo plasmado en la investigación. En su caso, buscar cómo suplir esas voces o reforzar las pruebas en su contra.
Esto pudiera parecer una obviedad, pero no puede considerarse así. En el periodismo de investigación no existe la objetividad. Desde el momento mismo en que tenemos una hipótesis y tratamos de comprobarla, no cabe la neutralidad. Lo que sí debemos tener es equilibrio, que consiste básicamente en permitir que los afectados expresen lo que quieran. El derecho de réplica, tan de moda en estos tiempos, es una un tema aparte; eso vendrá después.
Cuántas veces hemos leído en redes sociales o escuchado en la radio la siguiente pregunta: ¿De qué vive Carolyn Adams, la esposa de José Ramón López Beltrán? En el reportaje explican que ha trabajado para empresas de los sectores energético y petrolero. Además, mencionan que ella ha compartido imágenes, en sus redes sociales, un video durante la ronda de la reforma energética en el que celebra el anuncio de la compañía Shell como ganadora de una zona de explotación petrolera.
¿Hay algún vínculo que pueda comprobarse entre la propia Carolyn Adams con Baker Hughes? ¿Ella trabajó para esa compañía? ¿Ella conoce al ejecutivo Keith L. Schilling? Las respuestas, específicas a estas interrogantes, no aparecen en el reportaje.
Ella, sin duda, es conocida entre los petroleros de Estados Unidos. Eso abre una línea de investigación que no se siguió o quizá no fue explorada hasta sus últimas consecuencias. En el texto y en el guión, no hay una prueba documental o de otras características entre Adams y la compañía contratista de Pemex.
Construir una carrera en el periodismo cuesta años y echarla al bote de la basura puede demorarse unos minutos. El caso de Carlos Loret es un ejemplo claro de este principio entre quienes trabajamos en los medios de comunicación. El montaje del caso Florance Cassez está probado incluso ante los tribunales. El conductor de un noticiero en W Radio México y en la plataforma Latinus carecía de la credibilidad suficiente para difundir un reportaje de este calado. Él ha dicho, en reiteradas ocasiones, que cometió un error. Por un momento, demos por cierto ese yerro; sin embargo, públicamente no ha podido sacudirse de encima esa imagen. La investigación fue difundida en una plataforma que sería debilitada de inmediato.
La postura asumida por López Obrador es injustificable. La información sobre los ingresos millonarios de Loret de Mola como periodista deben estar, como el de cualquier otra persona, bajo resguardo por ley y, sin su consentimiento, jamás pueden volverse públicos. Si el presidente considera lo contrario por la trayectoria de Loret de Mola, no significa que pueda pasar por encima de la Constitución y la Ley de Datos Personales, entre otros reglamentos.
Las respuestas al reportaje desde el Palacio Nacional no han hecho más que enredar las cosas para el Gobierno. Pemex abrió parte de la información sobre los contratos, pero dejó algunas dudas que no fueron cuestionadas por la prensa que estaba en la conferencia mañanera de ese día.
López Beltrán, el hijo de AMLO en cuestión, tardó 17 días en dar la cara y, lo peor de todo, la mayor parte de su defensa sirvió para abonar la controversia sobre un posible conflicto de intereses. El propio López Obrador tuvo que decir, en la rueda de prensa mañanera, que su hijo cobra en la empresa de los hijos de su amigo. Como escribió hace unos días mi colega Álvaro Delgado en Sin Embargo: “Carajo”.
