En la sesión pública del pasado lunes, los ministros y ministras evitaron hablar públicamente sobre ese tema
Daniel Lizárraga
“O ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo”, dice una de las frases más célebres de Carlos Monsiváis. Eso es justamente lo que sucedió con la sesión pública de la Suprema Corte realizada el pasado lunes 14 de marzo, cuando debatieron (finalmente) el caso que involucra al fiscal Alejandro Gertz Manero respecto al encarcelamiento de Laura Morán Servín por haber colaborado en el supuesto “homicidio doloso” de Federico Gertz, hermano del mismo servidor público en la 4T.
Unos 10 de los 11 abogados que ocupan una silla en el máximo tribunal rechazaron el proyecto de Alberto Pérez Dayán que esencialmente proponía ordenar a una juez revisar otra vez su decisión que ha mantenido a Alejandra Cuevas Morán en la cárcel desde hace 515 días. La propuesta era que valorara todas las pruebas aportadas por los litigantes defensores (tarea que no hizo) y corrigiera las incongruencias sobre cómo sustentar un delito de homicidio doloso. En este sentido, la juez penal capitalina Ángeles Arrieta podía o no, ordenar que la señora Cuevas siguiera en Santa Martha Acatitla.
El 3 de marzo pasado, alguien colocó en YouTube un audio –grabado ilegalmente– donde el fiscal de la 4T conversa con el subprocurador Juan Ramos luego de que ambos leyeron el proyecto del ministro Pérez Dayán. La pronta y expedita justicia mexicana aún no sabe quién pudo hacer tales grabaciones. Los proyectos de sentencia circulan entre los equipos de los ministros y ministras para que puedan preparar sus votos, pero no debe salir de ahí.
Las partes en disputa, en este caso el fiscal y la familia de la señora encarcelada, tienen derecho a conversar con los ministros y ministras para exponerles sus puntos de vista; sin embargo, ello no conlleva que pongan entre sus manos una copia del expediente. En entrevistas recientes, Alejandro Gertz Manero ha buscado refugiarse tras la figura que le facilita dialogar como parte involucrada, pero claramente no ha revelado quién le entregó ese proyecto de sentencia.
La Corte, por su parte, emitió un irrelevante comunicado donde dicen, palabras más o palabras menos, que todos los asuntos los resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia. Faltaba menos. Esto no responde ni mucho menos atiende el fondo del problema; ¿quién filtró ese audio al señor fiscal?
En la sesión pública del pasado lunes, los ministros y ministras evitaron hablar públicamente sobre ese tema. El comunicado –desde su perspectiva– bastó para acallar las preocupaciones por la filtración. Pero eso, sin duda, no será así. El hecho de que alguien haya puesto sobre el escritorio del fiscal Gertz un proyecto de sentencia es grave; por lo que se ha visto, no piensan investigarlo.
En el comunicado, alegaron que trabajan con independencia. Sí, ello quedó demostrado en la sesión del lunes donde rechazaron el proyecto que pretendía devolver a la juez el expediente para que revisara su trabajo. De hecho, cinco ministros y ministras votaron a favor de que se liberara de inmediato a la señora Laura Morán Servín sin más trámites.
Todo parece perfilarse para que en unas semanas la señora Morán quede libre, cuando otro ministro(a) haga un nuevo proyecto sobre este caso. Pero, una vez resuelto, ¿quién se hará responsable por esa filtración?, ¿cómo se castigará a quienes sean culpables?, ¿cómo vamos a tener la seguridad de que otro expediente no sea enviado al fiscal o alguna otra autoridad? La justa liberación de la señora Morán no debe eclipsar lo que sucedió. Arrojar la basura debajo de la alfombra no sirve para fortalecer la confianza en el Poder Judicial.
