Hugo Lora
Muchos afortunados hemos tenido esa grata sensación de encontrar algún billete abandonado en algún pantalón. Ahora imagínense lo que debe sentirse el encontrar todo el dinero abandonado en el sistema financiero. Suena bien.
El martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero ¿qué implica esto? Este artículo tiene previsto, desde la creación de la ley en 1990 al día de hoy, que las cuentas bancarias u otros productos financieros, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos, deberán ser transferidos a una “cuenta global”. Unos 90 días antes de que esto suceda, la institución debe de dar aviso al cliente en el domicilio que tengan registrado. Si después de tres años, a partir del día en que los recursos fueron depositados en la cuenta global, estos recursos no son reclamados o no se solicita hacer un movimiento por parte del dueño original, estos serán destinados en favor del patrimonio de la beneficencia pública, o sea, serán transferidos al Gobierno. Es importante decir que las instituciones están obligadas a avisar a las personas por medio de publicaciones en periódicos de amplia circulación o por medio de su colocación en lugares abiertos al público en sus oficinas.
La reforma pretende que dichos recursos sean destinados específicamente a la seguridad pública y acciones de combate a la delincuencia. La distribución de los recursos será 50 por ciento a la Federación, 30 por ciento a las entidades federativas y 20 por ciento para los municipios y alcaldías.
Sin duda, esta reforma refuerza lo hecho por los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hace algunas semanas con el mando militar de las fuerzas de seguridad pública. Entonces no solo están buscando dar mayor control a la milicia; le quieren dar aún más dinero. Según estimaciones, estos recursos podrían sumar hasta 100 mil millones de pesos, entonces podríamos esperar que, como mínimo, 50 mil millones de pesos más irán a llegar a la Guardia Nacional, lo cual, basándome en el proyecto de presupuesto de 2023, sería un aumento de más del 25 por ciento.
Aunque se les debe un respeto indiscutible a nuestros militares, puede llegar a ser contraproducente que ellos estén a cargo de la seguridad pública del país por la naturaleza de su institución.
