Roberto Mendoza
Nuestro país viene arrastrando muchas carencias entre ellas la capacidad del estado de preservar, administrar, facilitar, proporcionar y certificar la justicia entendida, según el diccionario Jurídico como: “la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo…”La CNDH dice que la justicia, desde el punto de vista del pensador norteamericano John Rawls, es: “la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo”.
Una muestra, quizá la más terrible de la falta de justicia es el fenómeno de la desaparición de personas y su acepción de persona no localizada. ¿Quién es una persona desaparecida? Así lo explica serendipia digital: La que no se sabe dónde está y puede estar siendo víctima de un delito (desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, trata de personas, sustracción de menores, feminicidio, homicidio, privación ilegal de la libertad, robo, delincuencia organizada o secuestro). Los casos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas que se dedican al periodismo o a la defensa de los derechos humanos deben considerarse desde el primer momento como desapariciones, aunque no haya sospechas de que la persona sea víctima de un delito.
La desaparición hoy en día en México está lejos de esas metáforas novelescas de otros tiempos, desde el gobierno de Vicente Fox el número de personas desaparecidas empezó a tener relevancia, en ese sexenio, según organizaciones que buscan por sus propios medios a desaparecidos fueron, 854, con Felipe Calderón se disparó la cifra a 17210, siguió subiendo con Peña Nieto a 35305, al 24 de mayo, en este gobierno existen, 42029; esta última cifra de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Es decir que durante el mandato del presidente Obrador, cada hora desaparece una, a veces dos personas, en un día desaparecen 25.
Recién en 2020 la secretaria de gobernación publicó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas que obliga a las autoridades a la búsqueda inmediata de personas. Sus familiares deberán contar con una cartilla que les garantice recibir información oportuna de los avances de la búsqueda e investigación, recibir protección y participar en las diligencias con peritos nacionales o extranjeros.
Tenemos una crisis de justicia por una enorme cantidad de personas desaparecidas y aun cuando hay un protocolo obligatorio ¿Por qué no se encuentran algunas de las 25 que desaparecen a diario? Hay varias razones, la primera es que a pesar de esta obligación a los policías no les importa, no les importó antes de 2020 y ahora tienen la “justificación” de que están rebasados y es verdad, no hay personal suficiente para realizar búsquedas inmediatas, porque no hay dinero suficiente para contratar, capacitar, entrenar, investigar y concluir una sola búsqueda, según un estudio de contralacorrupcion.mx, aunque el presupuesto ha aumentado 161 veces de 2018 a 2023, de cada 100 pesos que se asignaron a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) entre 2019 y 2022, solo se gastaron en realidad 42, es decir el gobierno les retira recursos. Las personas no desaparecen de modo misterioso en este país, son casos que están relacionados con el crimen, organizado o no. Este gobierno es injusto, abraza a quien, de manera canalla arranca a otros su libertad, lo hace con quien abusa de su fuerza, acumula en cinco años a miles de víctimas, deudos, viudas, huérfanos y madres buscadoras, es omiso, se ha vuelto criminal e indolente, esa es la transformación que nos heredará López Orador.
