Estrella Rojas Loreto
En marzo de 2021 fue publicada una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, desde su proceso de discusión, en Acción Nacional advertimos que se trataba de una reforma inconstitucional, que además vulneraba los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria eléctrica.
Si bien, había coincidencia en que necesitábamos suficiencia energética, limpia y de precios accesibles; lo que no había, era acuerdo en cómo podíamos lograrlo.
Durante el parlamento abierto que se realizó previo a su aprobación por la mayoría, diversos expertos advirtieron que la propuesta presidencial era un modelo agotado, que daba lugar al uso de mayores combustibles fósiles, que lo que se proponía en materia de energías limpias era insuficiente. Además de que tendríamos insuficiencia energética y que se tendría que realizar el pago de indemnizaciones millonarias por incumplimientos de contratos.
Por otro lado, quienes avalaban esta reforma manifestaron que con ella se detendría la privatización del sector eléctrico y que se evitaría la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Como era de esperarse Morena y sus aliados aprobaron esta reforma, que favorecía a la CFE frente a privados y que despertó disputas comerciales de México con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, así como con España.
La reforma eléctrica obradorista, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 31 de enero, después de diversos amparos promovidos por empresas afectadas, pues nuestro máximo Tribunal consideró que “vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”; además de que otorga un trato diferenciado y privilegiado a la CFE. Se dijo también que el fortalecimiento de las empresas nacionales no era razón para desconocer lo establecido por la Constitución.
Esta concesión de amparo a 6 empresas contra la Ley de la Industria Eléctrica, ocasionó las críticas de Morena, contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien, como presidente de la Segunda Sala de la Corte, ejerció su derecho de voto de calidad, ante el empate que se presentó, ya que el ministro Javier Laynez, se excusó de conocer del asunto.
Por esta determinación, Morena en la Cámara de Diputados ha advertido que presentará un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, lo que evidentemente atenta contra los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que deben regir en la actuación de los juzgadores.
La pretensión de enjuiciar al ministro Pérez Dayán, por hacer su trabajo en un marco de legalidad, no es más que un intento más por distraernos de los graves problemas de salud, inseguridad y falta de empleos en nuestro país.
