Si bien la falta de agua es un problema que está afectando en general, la forma en que las administraciones reaccionan hace la diferencia. El agua es un derecho humano y una necesidad básica, no una herramienta de negociación y un tópico del que sacar raja política.

En México se ha dejado de invertir en la administración y distribución del agua. Para tenerlo más claro: en 2012 se destinaron 57 mil millones de pesos para ello. En el año 2023, fueron solamente 38 mil 500 millones, es decir, 32 por ciento menos.
Además de quitar presupuesto, se ha perdido interés y control. La Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades en la forma en que la Conagua otorga las concesiones y las supervisa. Como muestra de ello, se redujeron en un 80 por ciento las revisiones y visitas a los concesionarios en estos últimos años.

Mientras que en Querétaro se está haciendo ley al respecto (acción que activistas del agua llevan años pidiendo a la Federación), buscando garantizar el derecho humano al agua, desafortunadamente algunos “personajes” han querido politizar el tema, manipulando y mintiendo acerca de esta legislación.

Pero aquí las cosas se hacen bien. En Querétaro, el 97 por ciento de las familias tienen garantizado el acceso al agua, contrario a lo que vive el país, pues solo el 33 por ciento de los municipios tienen acceso diario al agua.

En Querétaro existe un organismo encargado del agua, se trabaja bien y en coordinación. En el país hay 2 mil 866 operadores de agua. Estados como Oaxaca, por ejemplo, cuentan con 200 diferentes y no se actúa para regular eso.

Que hay una crisis hídrica en el país, es real. Que son pocos los que actúan en lugar de hablar, también es real.