López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial Federal aprobada en la Cámara de Diputados, esta semana el proceso legislativo llega a su punto crítico; se encuentra en el Senado en donde el oficialismo debe lograr mayoría calificada.
No es necesario que el Juez Federal represente al pueblo ni a las mayorías, porque no busca resolver conforme la opinión pública, sino que es la primera línea de defensa de la Constitución y garantiza que los actos de poder se apeguen a los principios constitucionales, en resguardo de mayorías y minorías vulnerables.
Solo el juez imparcial puede frenar el abuso de poder; como cuando se otorgaron suspensiones para aplicación de vacunas contra el COVID-19 a niños y niñas no contemplados en el Plan Nacional de Vacunación. Según datos del INEGI el 58% de ciudadanos confía en los jueces federales para salvaguardar sus derechos fundamentales.
No obstante la propuesta de reforma no resuelve corrupción, rezago y nepotismo porque no aborda algún mecanismo de transparencia o agilización procesal, ya que al votarse la elección de jueces se permite a la política influir en la impartición de justicia con un alto costo social.