La sociedad no debe caer en la tentación de permitir que los políticos restrinjan libertades a cambio de mayor seguridad, ya que la obligación de las legislaturas es crear leyes que sin sacrificar la libertad de las personas busquen fortalecer a los juzgadores profesionales, así como crear fiscalías y policías científicas, altamente capacitadas, con equipo técnico y táctico suficiente que permitan hacer frente a la delincuencia, pero siempre con pleno respeto a los derechos humanos.