Esta semana inició el proceso de discusión de la iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidenta.
La propuesta se anunció como necesaria para fortalecer la democracia y se encargó a una comisión especial que debía escuchar a la ciudadanía. Pero ni los foros realizados ni las opiniones de especialistas se tomaron en cuenta.
La coalición en el poder ha modificado la Constitución violando todas las reglas del debate democrático, con el pretexto de que estos cambios son la “voluntad del pueblo”. Para lograrlo, el bloque oficialista se impone sin importar las advertencias y los riesgos, como sucedió con la reforma judicial.
Curiosamente, ahora que se propone modificar las reglas de acceso al poder y al presupuesto público, están divididos y preocupados por la pertinencia de la reforma. El escenario es tan tenso que la Presidenta perfiló un “plan B”, que iniciaría de no aprobarse su iniciativa.
Quizá la prioridad no es fortalecer la democracia ni escuchar a la población; quizá desmantelar instituciones desde la Constitución no busca acercar justicia y bienestar a los más desprotegidos; quizá el objetivo era sólo llegar al poder, y una vez ahí, no perderlo.