En México, la violencia contra niñas y niños no siempre deja marcas visibles. Aunque durante mucho tiempo permaneció fuera de los titulares, hoy aparece cada vez con mayor frecuencia en las noticias. No detiene la rutina de las ciudades, pero la atraviesa. Está ahí, persistente, silenciosa, instalada en el espacio donde debería existir mayor protección: el hogar.
Las cifras obligan a mirar de frente una realidad incómoda. Se estima que seis de cada 10 niñas y niños han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Más de la mitad recibe disciplina violenta en casa. En 2023, más de 20 mil niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia familiar en instituciones de salud, y cerca de 10 mil casos de violencia sexual infantil quedaron registrados, pero incluso estos números son parciales: lo que se denuncia es solo una fracción de lo que ocurre.
No se trata únicamente de agresiones físicas. También están los gritos, la humillación y el abandono emocional. Formas de violencia que rara vez se nombran, pero que moldean la forma en la que una persona aprende a verse a sí misma y a relacionarse con el mundo.
El dato más inquietante no es solo la magnitud, sino el origen. En la mayoría de los casos, el agresor no es un extraño. Es alguien cercano: un padre, una madre o un cuidador. La violencia no llega desde fuera. Se aprende dentro.
En este contexto, estados como Querétaro presentan cifras más bajas que otras entidades. Esto no debe interpretarse como una ausencia del problema. La violencia infantil continúa siendo, en buena medida, un fenómeno subregistrado, lo cual dificulta dimensionar su verdadera magnitud.
Frente a este escenario, en Querétaro se han fortalecido mecanismos de atención y prevención. Instituciones como el Sistema DIF Querétaro y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes trabajan en la detección, protección y seguimiento de casos, mientras que desde el territorio se impulsan estrategias de cercanía para identificar situaciones de riesgo antes de que escalen. El reto, sin embargo, no es menor: avanzar de la atención a la prevención, y de la reacción institucional a una transformación cultural que rompa con la normalización de la violencia en la crianza.
Aún persisten prácticas que justifican la violencia como método educativo. Frases como “es por su bien” siguen normalizando conductas que generan miedo, inseguridad y, en muchos casos, reproducen ciclos que se extienden por generaciones. Educar no debería implicar violencia. Un niño que comprende no necesita ser golpeado. Un niño que es escuchado no necesita callar.
¿Qué podemos hacer entonces?
Primero, reconocer que la violencia no solo es física. Segundo, aprender nuevas formas de educar basadas en el respeto, los límites y la comunicación. Tercero, escuchar a niñas y niños, creer en su voz y generar espacios seguros donde puedan expresarse. Finalmente, romper el silencio: denunciar, acompañar y no justificar lo que daña.
La violencia infantil no empieza con un golpe. Empieza cuando un niño deja de sentirse seguro, cuando aprende que su voz no importa.
El desafío no es menor. Implica transformar una cultura profundamente arraigada y fortalecer los sistemas de detección, atención y acompañamiento, pero sobre todo implica una pregunta de fondo: ¿Qué tipo de sociedad se construye cuando la violencia forma parte de la infancia?
Proteger a la niñez no es solo una obligación institucional; es una decisión colectiva.
En esa decisión, el silencio (aunque cada vez más frágil) ya no puede ser una opción.