La infancia no se negocia: Querétaro levanta un escudo contra el reclutamiento criminal: Laura Aguilar

Laura Aguilar Roldán

La forma en que una sociedad protege a sus niñas, niños y adolescentes habla de sus prioridades, de sus valores y de su capacidad para construir futuro. Por eso, resulta relevante la iniciativa anunciada por el gobernador Mauricio Kuri González para sancionar con severidad a quienes recluten, financien, capaciten o utilicen a menores de edad en actividades delictivas. No se trata de una reforma más dentro del marco legal; se trata de una respuesta firme frente a una de las amenazas más graves que enfrenta la niñez en México.

Durante años, el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales ha sido una realidad incómoda que muchas veces permaneció fuera de la conversación pública. Sin embargo, los datos muestran una situación preocupante. Miles de niñas, niños y adolescentes han sido utilizados por grupos delictivos para realizar actividades que van desde labores de vigilancia hasta la participación directa en hechos violentos. Detrás de cada caso existe una historia marcada por la vulnerabilidad, la falta de oportunidades, la desintegración familiar o la ausencia de redes de apoyo.

Hoy, el problema ha evolucionado. El reclutamiento ya no ocurre únicamente en las calles o en espacios físicos. Las redes sociales, los videojuegos en línea y diversas plataformas digitales se han convertido en herramientas utilizadas para acercarse a menores de edad mediante falsas promesas de dinero, reconocimiento o pertenencia. Los grupos criminales han entendido que captar a un adolescente vulnerable puede resultar más sencillo que enfrentar las estructuras de protección institucional.

Frente a esta realidad, la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal envía un mensaje contundente: en Querétaro no habrá tolerancia para quienes intenten utilizar a la infancia como instrumento del crimen. Uno de los principales aciertos de la propuesta es que establece con claridad quiénes son las víctimas y quiénes deben asumir la responsabilidad penal. Las niñas, niños y adolescentes reclutados no son los culpables; son personas cuyos derechos han sido vulnerados por adultos que buscan aprovecharse de su condición para fortalecer actividades ilícitas.

La relevancia de esta medida radica también en su carácter preventivo. Tipificar y sancionar de manera específica estas conductas no solo permite castigar a los responsables, sino generar un efecto disuasivo que contribuya a cerrar espacios de impunidad. La ley debe convertirse en una barrera clara frente a quienes pretendan acercarse a la infancia con fines criminales.

Sin embargo, ninguna reforma legal será suficiente por sí sola. La protección de las niñas, niños y adolescentes requiere una estrategia integral que fortalezca a las familias, amplíe las oportunidades educativas, impulse actividades deportivas y culturales, promueva la salud mental y genere entornos comunitarios más seguros. La prevención comienza mucho antes de que aparezca el delito.

Por ello, esta iniciativa debe entenderse como parte de una visión más amplia que coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas. Proteger a la infancia no es solamente una obligación legal; es una responsabilidad ética que involucra a gobiernos, escuelas, familias y sociedad.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué futuro queremos construir para nuestras niñas, niños y adolescentes? La respuesta no puede ser la indiferencia. Debe ser una convicción compartida de protección, acompañamiento y oportunidades.
La infancia no se negocia. No se abandona. No se entrega. Se protege. En esa tarea, Querétaro está enviando una señal clara de hacia dónde quiere caminar.