Pese a la evidente, Morena se resiste a reconocer una realidad: en el ejercicio del poder ya no basta la legitimidad política, se requiere también de la eficacia gubernamental e, incluir, aun cuando no sea su prioridad, al conjunto de los sectores sociales que integran el mosaico nacional.
Ese es el talón de Aquiles del movimiento. Tiende a convertirse en una maquinaria electoral, no en un mecanismo de gobierno, capaz de entender y gestionar los derechos, las aspiraciones e, incluso, los miedos de una sociedad ávida por encontrar un camino cierto y estable, justo y seguro hacia el desarrollo y la prosperidad, en un marco democrático. En el cuidado de la eficiencia electoral ha descuidado la eficacia gubernamental. Lo atrae acceder, ampliar y conservar el poder, no ejercerlo con sentido y dirección.
La tendencia a simplificar esa compleja realidad coloca al gobierno y Morena ante el riesgo de que el electorado vote no por otros, sino contra ellos o, peor aún, deje de votar porque, pese a la divisa, el sufragio no es efectivo.
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El corrimiento de los últimos años del electorado latinoamericano a favor de gobiernos derecha o ultraderecha, tras haber encumbrado en ellos a una izquierda variopinta, poco o nada le ha dicho al gobierno mexicano y a Morena.
Posibles errores y fallas de aquellas izquierdas, incluido el lopezobradorismo, han sido desterrados del discurso oficialista. En esa lógica, la justificación de cuanto sucede en la región y la nación es simple: obedece al afán de dar un “golpe blando”; al injerencismo del megalómano del norte y sus halcones, con el beneplácito de los traidores nativos; así como a las feroces campañas negras desatadas por los antipatriotas y desesperados adversarios. Con tal alegato prescinde de la autocrítica, sobre todo, porque –según la misma mandataria– es “muy difícil que la ultraderecha se inserte en nuestro país”, la historia lo garantiza y lo fortalece la hermandad pueblo-gobierno, la honestidad y, desde luego, “la revolución de las conciencias”. Punto. Ni caso averiguar si hay algo más.
Así, Morena se concentra en debatir y negociar la alianza con sus socios; establecer las reglas del reparto de posiciones sin rebeliones ni rupturas; afiliar a quien se deje; y colonizar o dominar aquellas instancias relacionadas con el acceso y la acumulación de poder. Reflexionar y debatir sobre posibles errores del proyecto propio o de las izquierdas latinoamericanas carece de sentido, como también examinar la ineficacia de los gobiernos federal y estatales que encabeza. No hay por qué hacerlo cuando lo importante es prepararse para la siguiente elección y descalificar al adversario, cualquiera que este sea.
Basta legitimar el bastón, no pedir cuentas al mando y muchos menos examinar si cumple eficazmente con el mandato. La reivindicación del hiperpresidencialismo no permite eso.
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La consigna de la llamada cuarta transformación decía y dice “primero los pobres”, no “sólo los pobres”.
Qué bien el rescate de la pobreza de millones afectados por ese flagelo, pero el desprecio hacia las clases medias resta, no suma al proyecto y, en eso, el gobierno y el movimiento han fallado. Cuando no se ignora a ese sector social, se le califica de “aspiracionista”, casi acusándolo de ambicioso o trepador, siendo que pretender un mejor estatuto y condición social no es algo deleznable. Sin embargo, se le descuenta del proyecto, pervirtiendo el lema de “primero los pobres”. Qué buena la política social, pero si ésta no desata el nudo gordiano del empleo y el trabajo formal, el acierto puede desaparecer si no hay crecimiento. En ese punto, el proyecto se contradice al apelar y, a la vez, repudiar al capital privado, llamándolo a invertir sin ofrecerle garantías, como sería replantear la reforma judicial, vivero de la incertidumbre sobre el Estado de derecho. Qué buena la política de aumento salarial, pero si la economía no asegura su desempeño el efecto puede resultar efímero. Ese capítulo obliga a revisar la eficacia del gobierno, no la eficiencia electoral.
En lo relativo a la eficacia administrativa es evidente la capacidad de desmantelar instituciones y políticas sin tener claro cómo sustituirlas o replantear las prevalecientes. El gobierno y el movimiento se han inclinado por impulsar obras simbólicas, pero no significativas. Trenes que suspenden su recorrido por error en el trazo; aerolíneas que no despegan y, cuando vuelan, lo hacen sin el pasaje necesario para justificar el gasto; obras decorativas que se borran; mantenimiento mayor por no realizar el preventivo; políticas implementadas sin calcular su viabilidad Y, desde luego, patear el bote de la inseguridad… En suma, sobra de operación para acceder y acumular poder y falta de planeación para ejercerlo, administrarlo o preguntarse: ¿poder para qué?
Dicho en breve, se incurre en errores sin ánimo de reconocerlos que merman no la legitimidad política, pero sí la eficacia gubernamental y constituyen la simiente de un malestar social, producto de la misma acción de gobierno.
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El gobierno y Morena pueden solazarse en la idea de que poco importa ignorar o despreciar a sectores sociales, cometer errores o no ser eficaz en la administración y el ejercicio en el poder porque yerros y fracasos se pueden endosar al asedio de factores y actores de poder contrarios a su proyecto y porque no hay fuerza, organización ni propuesta opositora que le dispute el poder ni ofrezca una opción al electorado.
Ciertamente, ambas instancias pueden seguir por donde van, pero si no reparan en cuanto ocurre en la región y la nación, reconociendo fallas podrían llevarse una sorpresa, sobre todo, si no hay opción para manifestar el descontento. Ahí está su talón.
Pese a la evidencia, Morena se resiste a asumir que para conservar y ejercer el poder ya no basta la legitimidad política, se precisa también de la eficacia en el gobierno.