Desgraciadamente, se han vuelto comunes las pifias de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedan en evidencia en cada sesión. Los yerros van desde Ministros que votan en un sentido y minutos después rectifican, explicaciones enredadas o conceptos jurídicos empleados de manera contradictoria.
En la escena más reciente, la ministra María Estela Ríos afirmó básicamente que el trabajo doméstico no implica una relación laboral.
Además de la aberración jurídica que encierra, esto desnuda el rotundo fracaso de la reforma judicial, por dos razones: primero, porque no acercó la justicia a los más necesitados, ya que ahora “imparten justicia” personas sin la preparación necesaria para ello, con el riesgo de retroceder en la protección de derechos, incluso en el Máximo Tribunal del País.
Y segundo, porque no acabó con la muy cacareada corrupción. El desdoro a la función judicial por parte de quienes no están capacitados para ejercerla, también es un acto de corrupción.
Si eso sucede en la Suprema Corte, el tribunal garante de derechos por excelencia, no hay esperanza para los órganos inferiores, que a diario deciden la suerte de miles de personas.