Diálogos con la Justicia: Vicente Peña

Vicente de Jesús Peña Covarrubias

Una reforma que se vendió bajo la bandera de la austeridad hoy debe salir a explicar el tamaño de sus equipos. El 13 de julio, la Suprema Corte emitió una tarjeta informativa para aclarar que el personal de sus ponencias no son simples «asesores», sino cuadros técnicos especializados. La aclaración es razonable; lo revelador es que haya sido necesaria. Cuando un tribunal constitucional debe defender públicamente cómo se integra, el foco ya no está en lo que resuelve, sino en cómo se percibe.

Ese es el saldo de la reforma de 2025: mucha discusión sobre forma, estructura y cifras; poca certeza sobre resultados. Entre septiembre y febrero, el Máximo Tribunal dictó 470 sentencias menos que en el mismo periodo previo, y en 2026 ya se propone revivir, bajo el nombre de «secciones», las Salas que apenas había eliminado. Reorganizar no es mejorar: a veces es rectificar sobre la marcha.

La justicia constitucional no se legitima con comunicados ni con debates sobre plantillas. Se legitima con estabilidad, rigor técnico y decisiones sólidas. Mientras la Corte administre la percepción de la reforma en lugar de consolidar su función, cada aclaración confirmará lo mismo: la transformación de 2025 aún busca cómo probar que lo fue.