El gobierno municipal panista de Querétaro quiso vender doce predios públicos con una justificación endeble, la falta de recursos, pero se descubrió una contradicción: los datos oficiales muestran que los ingresos públicos aumentaron. Y para rematar: el acuerdo de Cabildo permitía usar el dinero en combustibles y mantenimiento, es decir, en gasto corriente.
La operación arrastra además serias dudas jurídicas. Varios terrenos aparecen como donaciones, áreas verdes o equipamiento urbano. Algunos podrían estar protegidos por el artículo 156 del Código Urbano. Aun así, el Cabildo aprobó primero y decidió revisar después. Una curiosa forma de gobernar: firmar antes de leer la letra pequeña.
La salida responsable exige publicar escrituras, avalúos, origen de cada predio, destino del dinero y estudios de impacto social y ambiental. El patrimonio de la ciudad no puede funcionar como fondo de emergencia del gobierno en turno.
P.D. Ricardo González, “el sheriff verde”, señaló que a los ambientalistas se les prometió que ningún predio destinado a área verde se vendería en esta administración. Falta explicar quién aprobó, quién omitió revisar y quién asumirá la responsabilidad. El PAN lleva mucho tiempo confundiendo mayoría con abusos.