Del enredo al nudo: René Delgado

René Delgado/Sobreaviso

Consecuentar el presunto y peligroso enredo de exgobernadores y gobernadores morenistas –y, quizá, de altos funcionarios y mandos– con el crimen organizado acabará por anudar, por atar al gobierno federal, borrando el sello propio que la mandataria pretendía estampar a su gestión.

Por múltiples motivos, esa lamentable decisión asumida por el gobierno posiblemente no repercuta mayor ni negativamente en el resultado electoral del año entrante que obtenga la llamada cuarta transformación. Sin embargo, confundir popularidad con gobernabilidad terminará por presentar su costo y factura, si no es que antes la presión estadunidense o la tensión en Morena provoca una explosión o implosión.

Pese a la concentración de poder en el Ejecutivo Federal, la postura presidencial adoptada no revela fortaleza, sino debilidad. Falta de fuerza, autoridad y liderazgo para llevar a juicio o, al menos, disciplinar a los cuadros morenistas que vulneran al gobierno federal, socavan a Morena y, en algunos casos, exponen la soberanía nacional. Mal humor no es sinónimo de carácter.

Y, en todo esto, asombra también el pasmo de los cuadros de Morena con convicciones –no con intereses– ante el desvío y el quebranto del proyecto impulsando. Al parecer, gobierno, partido y militancia convencida temen que proceder contra quienes los enredan y anudan provocaría división y confrontación al interior del cuatroteísmo, cuando que la unidad y cohesión de ese movimiento ya está en entredicho o prendida con alfileres.

Sorprende, entonces, cómo el gobierno y Morena van del enredo a un nudo ciego.

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Quizá a causa de la nota de Pie de Página, reportando cómo el Buró de Investigaciones Federales (el FBI) exhibía el avión en que fue trasladado a Estados Unidos y detenido allá el capo Ismael Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, la presidencia de la República vio la necesidad o la oportunidad de lanzar una temeraria ofensiva contra el gobierno vecino que, como dicho, resultó un bumerán.

Al cesto de la basura, el gobierno echó la posibilidad de distender la atmósfera política interna a partir del respiro y el entusiasmo generado por la participación del seleccionado nacional en la Copa Mundial 2026 y optó por reanimar la confrontación con el coloso del norte. Menos de doce horas después de la eliminación del Tri, la presidenta Sheinbaum acusó, en la sustracción y detención de El Mayo, supuestas mentiras del exembajador estadunidense Ken Salazar, contradicciones del FBI y pactos del gobierno vecino con criminales, sugiriendo con ello la violación de la soberanía de México. Sin embargo, pasó por alto un detalle: tener bajo control y dominio los elementos necesarios para soportar un lance de ese tipo.

A la mandataria se le ocultó o negó un dato fundamental. El piloto de aquel operativo, pieza clave en el asunto, había sido deportado a México, donde meses después se le detuvo, y –a sabiendas de quien se trataba– más tarde se le reenvío de nuevo Estados Unidos sin esclarecer los términos de su participación en aquel suceso. Tamaño resbalón hizo emprender la no muy graciosa huida del lance emprendido y olvidarse un poquitín del agravio denunciando.

No se salía de ese enredo, cuando brotó un nuevo problema. La disposición –revelada por el periodista Héctor de Mauleón, a través de la publicación de un telefonema– de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para convertirse en informante del gobierno estadunidense, a cambio de no ser sujeta de actos, acusaciones o señalamientos en su contra. Lío mayúsculo que, cuanto más justifica la gobernadora, más se enreda.

En ese nuevo caso, como en el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o el de los exgobernadores de Tabasco, Chiapas y Morelos, Adán Augusto López, Rutilio Escandón y Cuauhtémoc Blanco, el gobierno federal no encontró elementos para proceder judicialmente o, bien, ni siquiera consideró pertinente indagar en qué anda metida la bajacaliforniana y muchísimo menos incorporarla al catálogo de quienes traicionan a la patria.

Con esa postura, como se dijo en otro Sobreaviso, el gobierno federal reitera su determinación de ir al enjambre, pero no a la colmena de los políticos vinculados con el crimen. De ir no hasta donde tiene que llegar. De sacrificar a uno que otro exalcalde o alcalde, sin tocar a ningún exgobernador o gobernador de Morena.

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Sea porque no puede o quiere o porque no puede ni quiere, la presidenta Claudia Sheinbaum se está sometiendo a un desgaste fuerte y continuo, cuando ni siquiera ha cumplido un bienio en el puesto.

A esa situación, la mandataria inserta también a colaboradores nombrados directamente por ella, como el secretario Omar García Harfuch, o a instancias de ella, como la fiscal, Ernestina Godoy. Y, con ellos, demerita a la política de seguridad. Lo más delicado de esa circunstancia es que muchos de los recursos empleados por la mandataria para encarar la circunstancia externa e interna ya dieron de sí. Sea la conferencia presidencial matutina o los telefonemas con Donald Trump. Si no viene una rectificación de la estrategia, lo que hoy se ve cada semana, será cada día hasta que los enredos acaben por anudarla, dejándole por opción escoger entre una explosión diplomática o una implosión política.

Dado el estado de la oposición –germinal, nula o perdida–, la descompostura que se advierte en Morena quizá no tenga reflejo en las elecciones del año entrante y eso, aunque parezca una buena noticia para el movimiento en el poder, es un serio problema.

Al confundir popularidad con gobernabilidad, preferencia electoral con eficacia gubernamental, el gobierno y su partido están sembrando vientos sin darles salida. Eso es peligroso.
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Consecuentar a políticos con presuntos vínculos criminales o desafiar al megalómano de al lado, deja por opción escoger entre una implosión política o una explosión diplomática.