Después de la gran depresión de Estados Unidos, el presidente Demócrata Roosevelt, implementó reformas legales para reactivar la economía, pero la Corte Suprema las declaró inconstitucionales, por lo que el 5 de febrero de 1937, el Ejecutivo propuso modificar la integración del Alto Tribunal para nombrar Ministros afines a su proyecto político.
La propuesta no fue aprobada por el Poder Legislativo porque, aunque de mayoría Demócrata, lo vieron como una manipulación del poder judicial.
Esto dimensiona la importancia del Tribunal Constitucional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación encarna la imparcialidad de todo el Poder Judicial Federal, poniendo como valor superior la dignidad y la justicia, y manteniéndose ajena de influencias ideológicas e inmune a presiones políticas y económicas.
En México aconteció una situación similar, pero con un resultado negativo, pues el Congreso mexicano aprobó en agosto de 2024 una reforma constitucional que sí permitió al Presidente adueñarse de la Suprema Corte y romper con la independencia judicial para ubicar al Alto Tribunal como un órgano más del partido político en el poder, en perjuicio de los derechos de la sociedad mexicana.